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Santander ha ofrecido a los sindicatos las primeras cifras de indemnizaciones para los trabajadores que se acojan al segundo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se encuentran negociando por la integración de Popular. La entidad ofrece el pago de 33 días por año trabajado a los empleados de 52 años o menos que se adhieran voluntariamente al ajuste con un máximo de 18 mensualidades y 20 días por año trabajado a los que tengan 62 años o más con un tope de 12 mensualidades. Además, ofrece prejubilaciones a partir de los 55 años con entre el 65% y el 70% del sueldo.
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En cuanto al resto de tramos de edad, el banco ha propuesto diferentes indemnizaciones. Para los trabajadores de 53 y 54 años, la oferta es indemnización del 60% del salario pensionable durante seis años con un máximo de 350.000 euros.
El siguiente tramo, el de 55 a 57 años, recibiría una renta temporal del 65% del salario pensionable hasta los 63 años, con la opción de obtener el 55% del sueldo más un complemento por voluntariedad. Los empleados de entre 58 y 61 años recibirían lo mismo, pero con esos porcentajes ampliados al 70% y al 65% del sueldo pensionable, respectivamente. La edad que se tendrá en cuenta es la cumplida en 2019. Todo para trabajadores con antigüedad de quince años.
Las primas de voluntariedad aún no se han puesto sobre la mesa, según apuntan fuentes sindicales, aunque el banco, que ha hecho "especial hincapié" en la voluntariedad, ha explicado que complementaría la prestación por desempleo para las rentas temporales durante los dos primeros años.
Los sindicatos lamentan que estas condiciones económicas ofrecidas por el banco son "irrisorias" y "muy inferiores a la media del sector", si bien el ajuste se encuentra en fase de negociación. "Con estas condiciones el banco tendrá que despedir a la gente de manera forzosa", critican.
La entidad, además, ya informó en la anterior reunión de que ha contratado a una consultora de recursos humanos para ayudar a los trabajadores que salgan con el ERE y quieran trabajar a encontrar otro empleo, como hace habitualmente en los procesos de ajuste, pero con el objetivo de que lo haga el 100% de estos trabajadores.
El ERE implicará la salida de un máximo de 3.713 personas, que se verán afectadas tras el cierre de 1.150 sucursales, de acuerdo con las primeras cifras que la entidad puso sobre la mesa al inicio de la negociación. Por el momento, prima la voluntariedad de los trabajadores.
MOVILIDAD GEOGRÁFICA
Además, la compañía ha propuesto a los representantes de los trabajadores primas de entre 6.000 euros y 9.000 euros al año para los trabajadores afectados por movilidades. Para los empleados que tengan que moverse entre 76 y 100 kilómetros de su actual puesto de trabajo, ofrece una prima única de 6.000 euros más el coste del kilometraje durante seis años, pero si el desplazamiento es entre islas, el abono será de 9.000 euros al año durante ocho años, que se percibirán en doce pagos.
Si la movilidad es de entre 100 y 400 kilómetros, la prima será entre el 10% y el 15% del salario anual y estará limitada a cien personas durante ocho años. Para desplazamientos de menos de 75 kilómetros, la compensación será el pago del coste del kilometraje, a razón de 0,19 euros por kilómetro durante cuatro años para distancias cortas y cinco para más largas. Si el traslado es de 26 a 50 kilómetros, se percibirá, además, el pago de 2.500 euros, que ascienden a 3.500 euros si es de 51 a 75 kilómetros.
Están excluidos del ajuste los trabajadores con discapacidad igual o superior al 33%, víctimas de violencia de género, empleados con hijos que tengan una discapacidad del 33% o más, trabajadores con hijos con enfermedad grave y que tengan derecho a reducción de jornada y empleados en excedencia. En el caso de matrimonios en los que los dos están empleados, el ERE solamente podrá aplicarse a uno de ellos.
