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Santander negocia con los sindicatos cerrar el último fleco laboral que le queda tras la absorción de Popular: unificar los planes de pensiones de los empleados procedentes de ambas entidades. Aunque las negociaciones se encuentran aún en una fase incipiente, el banco ya está dispuesto a fijar las aportaciones de los trabajadores originarios de Popular en 800 euros anuales, independientemente de su cargo o antigüedad, es decir, igualarlas a las de los empleados de Santander, lo que supone aumentar las de unos 6.000 trabajadores, según informan fuentes de la negociación. Lo hará a partir del 1 de enero de 2020.

Actualmente, conviven en el banco dos planes de pensiones diferentes, el de los exempleados de Popular y el de los que siempre han trabajado Santander, una anomalía que está prohibida por ley. En la práctica supone que la entidad está aportando a los planes de pensiones de sus trabajadores cantidades diferentes.

El sistema que tienen los empleados llegados al banco con la absorción de Popular contempla aportaciones diferentes para tres colectivos distintos, dependiendo de la antigüedad y el cargo desempeñado. La aportación mínima son 650 euros al año y es la que tiene la mayoría de los trabajadores que se incorporaron a la plantilla de Santander, unos 6.000 de los aproximadamente 8.000 que quedarán una vez se cierre el segundo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el banco ha puesto en marcha tras la integración.

Pero, además, este plan prevé una aportación condicionada que permite al trabajador aportar voluntariamente entre 80 y 180 euros y que el banco ponga la misma cantidad. Esto no existe, al menos no de momento, en Santander, donde el banco aporta 800 euros por cada trabajador independientemente del cargo o la antigüedad.

A la hora de homologar estos planes de pensiones, el banco está dispuesto a aportar para toda la plantilla esos 800 euros al año, algo que hará a partir del 1 de enero de 2020, según fuentes de la negociación, en el marco de la cual el banco se abre a estudiar una revalorización de la contribución para todos los partícipes de estos planes.

Los representantes de los trabajadores ven necesaria esta revalorización para compensar a aquellos trabajadores de Popular que ya sumaran más de 800 euros anuales entre la aportación condicionada y la establecida por el banco, porque en caso contrario perderían dinero, apuntan las mismas fuentes.

La negociación, por cierto, se está desarrollando con un año de retraso. El plazo legal establecido para esta clase de situaciones es de un año desde que se lleva a cabo la integración de las entidades, algo que tuvo lugar hace ahora más de un año. Para ello, ha sido necesario que el banco pidiera a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones una autorización.

Todo a pesar de que hace ya dos años y medio desde que el banco se quedó con Popular en una subasta celebrada tras su resolución, en los que ha tenido que ir resolviendo los distintos flecos de la integración, como los dos ajustes de plantilla, la reestructuración de la red comercial o la ruptura de acuerdos que Popular tenía que con terceras compañías, como el de Allianz, que es, precisamente, la entidad que gestionaba los planes de pensiones de los trabajadores de Popular.

APORTACIONES ALEJADAS DE LA ALTA DIRECCIÓN

Desde la representación de los trabajadores consideran que el banco no debería tener problemas en mejorar las aportaciones a los planes de pensiones de la plantilla teniendo en cuenta “las grandes diferencias” que existen en relación con las de la alta dirección.

De acuerdo con los últimos datos remitidos por el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco aportó, aproximadamente, un millón de euros para los planes de pensiones de los miembros del consejo de administración, que son quince, y otros 3,2 millones a los de la alta dirección, un colectivo mucho más amplio.

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