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La presidenta del Banco Santander, Ana BotínBANCO SANTANDER - Archivo
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Tras la compra hace un año, un mes y once días de Popular por el precio simbólico de un euro, Santander deberá dar explicaciones en el Congreso. Su vicepresidente, Rodrigo Echenique, que desde hace un año lleva las riendas de la entidad absorbida, está citado a comparecer en la tarde de este miércoles.

El grupo que preside Ana Botín se hizo con la entidad que hasta el momento presidía Emilio Saracho a primera hora del 7 de junio de 2017. La venta llegaba tras un proceso de subasta en la que Santander fue el único que puso sobre la mesa una oferta. El precio fue el mínimo establecido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en la carta de venta de la entidad: un euro.

La única entidad que acompañó a Santander en la subasta de Popular fue BBVA, que no llegó a formalizar una oferta. De hecho, el banco habría estado interesado si hubiera dispuesto de más información, como trasladó a las autoridades.

No era la primera vez que BBVA mostraba interés por Popular. El pasado jueves, ante la misma comisión ante la que comparecerá Echenique, el expresidente del banco resuelto Ángel Ron confirmó la existencia de una oferta previa. La entidad que preside Francisco González puso sobre la mesa 5.500 millones de euros por Popular meses antes de que Ron fuera retirado de la presidencia.

Fuera como fuese, el único banco que presentó una oferta por Popular fue Santander, un gesto valorado por las autoridades europeas que tuvieron poder de decisión en la resolución del banco, que han recordado en numerosas ocasiones que la operación no tuvo coste para las arcas públicas.

Para los que sí tuvo coste fue para los accionistas de Popular y ciertos bonistas, que han iniciado una guerra judicial contra las autoridades, los antiguos gestores y Santander. La resolución conllevó la amortización íntegra de las acciones de Popular en circulación y las resultantes de la conversión de los CoCos (instrumentos híbridos que computan como capital AT1), así como la conversión de todos los instrumentos de capital Tier 2. El valor de todos estos instrumentos fue reducido a cero.

UN NEGOCIO CON RETORNO

La operación fue comunicada al mercado a primera hora del 7 de junio del año pasado, apenas una después de que la entidad firmara con las autoridades la adquisición del banco, como explicó en una rueda de prensa posterior Ana Botín.

Ya desde un primer momento Santander comunicó que la compra de Popular le generaría un retorno sobre la inversión del 13% o el 14% en 2020, apenas tres años después de la transacción. La entidad resultante de la integración de ambas, ya preveía el banco, generaría sinergias de costes cercanas a los 500 millones de euros anuales a partir de 2020.

Algo más de un año después de que Santander se hiciera con la propiedad de Popular, su número uno deberá dar explicaciones en el Congreso sobre esta y otras cuestiones, como las operaciones llevadas a cabo por la entidad desde su resolución. Entre ellas, la venta del 51% del ladrillo de Popular al fondo Blackstone.

RON Y SARACHO YA PASARON POR EL TRANCE

La comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el programa de asistencia y la quiebra de las cajas de ahorro comenzó la semana pasada a estudiar la crisis de Popular después de haber visto comparecer a los responsables de Bankia.

Echenique comparece una semana después de que desfilaran por los pasillos del Congresos sus predecesores en el cargo de presidente de Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, así como Gonzalo Sánchez, presidente de la que fuera auditora de las cuentas de la entidad absorbida durante 35 años, PwC.

Quien se mostró más contrariado en el Congreso por la resolución de Popular fue Ron, que llevó el timón del banco durante trece años. La decisión de las autoridades europeas de acometer una resolución sobre el banco tras declararlo “inviable o cercano a la inviabilidad (‘failing or likely to fail’, en inglés) constituyó un “atropello flagrante” para el expresidente de Popular, que se considera un afectado por la misma. “Invertí 125.000 euros y perdí más de un millón”, lamentó Ron en sede parlamentaria, donde reclamó a la Justicia “una reparación”.

Además, durante su comparecencia defendió que Popular siempre estuvo sometido a supervisión por parte de las autoridades y al mercado. “Jamás ha incumplido ni una sola vez los requerimientos legales”, sentenció.

Por su parte, Saracho fue más generoso al hablar de la resolución de Popular. En su opinión, fue un “milagro” que “evitó un desastre bíblico”. No obstante, cuestionó “cómo puede uno decir que está satisfecho” con la decisión de las autoridades.

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