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El portavoz de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha pedido que se sancione "si no vuelven" a las empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña por el 'procés'. Esta, ha explicado, ha sido uno delos motivos que han empujado a Junts a no votar a favor del decreto 'ómnibus' que mañana llevará al Congreso el Gobierno, ya que la intención del partido independentista es incluir una rebaja fiscal a aquellas que decidan volver a trasladar su sede a Cataluña.

Según ha indicado Rius en una entrevista en Ser Cataluña, es "inaudito" que siga en vigor el decreto con el que el Partido Popular facilitó la fuga de empresas, ya que "buscaba perjudicar a la economía catalana". "Nosotros somos un partido de obediencia catalana y queremos que las empresas que tienen la actividad en Cataluña tengan su sede social en Cataluña", ha afirmado.

De igual modo, Rius ha pedido al Gobierno que retire los tres decretos y que se presenten de nuevo de forma separada y acordados de antemano, ya que, de lo contrario, su postura seguirá siendo de rechazo. Asimismo, Rius ha calificado de "insuficiente" la oferta del PSOE de modificarlos una vez aprobados tramitándolos como proyecto de ley, ya que "la experiencia nos dice que después no acaban plasmados en una ley que se puede eternizar; por tanto, el momento de negociar es ahora".

Asimismo, Rius ha indicado que es "populista" que el PSOE afirme que la negativa de JxCAT pone en riesgo algunas de las medidas sociales planteadas por el Gobierno y ha recordado que su formación propone, entre otras cosas, que el aceite tenga un IVA del 0%.

Por su parte, el Gobierno ha garantizado la "máxima seguridad jurídica" a las empresas que podrían verse afectadas por la petición de Junts. "Echando mano a la propia hemeroteca y de la gestión del Gobierno en la legislatura pasada, damos siempre seguridad jurídica a nuestras empresas, y este ha sido nuestro sello", ha subrayado Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo.

Asimismo, Carlos Cuerpo, nuevo ministro de Economía, ha recalcado que la seguridad y estabilidad del marco jurídico español es "fundamental" y ha destacado que es "clave" mantener la confianza en las instituciones, ya que es lo que permite asegurar un crecimiento económico "sostenido". "Un compromiso claro por parte del Gobierno es seguir garantizando un marco jurídico de confianza y de seguridad para las propias empresas y los autónomos, y ahí siempre nos van a encontrar y esto no es una excepción", ha sentenciado.

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