Los depositantes de Popular habrían perdido dinero si Popular se hubiera liquidado en lugar de haber ido a la resolución. Así lo concluye el tercer informe de Deloitte sobre la intervención de la entidad ahora propiedad de Santander, cuyo objetivo es aclarar cuál de los dos escenarios resulta menos perjudicial para los afectados.
El resultado de este informe es el que cabía esperar. Como publica este martes Expansión, el análisis de Deloitte determina que con una hipotética liquidación no solamente los accionistas y algunos tenedores de bonos habrían perdido su dinero, sino que también lo habrían hecho los depositantes con más de 100.000 euros en la entidad, pues el Fondo de Garantía de Depósitos protege cantidades inferiores. Además, explica que los accionistas y el resto de acreedores habrían sufrido un coste dos veces superior.
Así, la Junta Única de Resolución (JUR) finalmente no se verá obligada a compensar a los afectados por haber decidido resolver el banco, algo que solamente habría ocurrido si este documento hubiera concluido que una hipotética liquidación habría sido menos perjudicial para los afectados.
Este informe es el tercero que realiza la consultora para la JUR. En febrero se publicó con algunas partes censuradas el primero de ellos, el que la autoridad europea utilizó como base para analizar la viabilidad del banco. Este documento establecía tres escenarios de valoración, al que siguió un segundo que suponía una revisión del primero. La JUR anunció recientemente que daría a conocer este tercer informe después de mediados de julio.
Además, el documento concluye que la liquidación de Popular bajo la legislación mercantil española habría supuesto un coste de entre 23.000 y 34.000 millones de euros para todos los acreedores de la entidad. El informe contempla tres escenarios: una liquidación rápida, una en tres años y otra en siete.
En cada caso, la firma establece dos valoraciones diferentes. En una intervención realizada en un plazo corto, el coste que calcula Deloitte oscilaría entre más de 28.000 millones y más de 34.000 millones de euros. Para un periodo de tres años, entre 26.000 millones y 31.600 millones de euros, mientras que para una liquidación de siete años de duración el coste habría sido de entre 23.000 millones y 29.000 millones de euros.
De esta forma, cuanto más se alargase el proceso de liquidación menos dinero perderían los accionistas y bonistas. Alargar la liquidación permitiría vender los activos del banco a precios más altos, lo que elevaría los ingresos, al tiempo que los pasivos estarían inmovilizados, por lo que no recibirían remuneración.
FUGAS DE DEPÓSITOS
La JUR, en todo caso, deberá seguir liberando información sobre el caso. El Panel de Recursos de la propia autoridad la ha obligado recientemente a desclasificar algunos documentos y datos de relevancia. Entre ellos, los movimientos de salidas de depósitos de la entidad que protagonizaron algunas administraciones públicas, entre otros.
Tras considerar el primer informe "ininteligible" por contener partes censuradas, el Panel insta a la JUR a publicar ajustes de la valoración del banco, información sobre la capacidad de absorber pérdidas de Popular e información sobre el escenario de concurso de acreedores.
También tendrá que dar a conocer informes internos sobre pasivos, así como información del proceso de venta privada que la entidad puso en marcha semanas antes de su resolución bajo el timón de Emilio Saracho. No obstante, la JUR, de momento, no tendrá que publicar información sobre la línea de liquidez de emergencia (ELA).
