La JUR contrata a Deloitte para responder a las quejas de los afectados por Popular

La auditora realizó el informe de valoración que la JUR tuvo en cuenta para decidir poner en marcha la resolución del banco, así como otro que concluyó que un hipotético concurso de acreedores de la entidad habría hecho perder dinero a los depositantes. Ahora la JUR ha decidido contar de nuevo con la firma para que le asesore a la hora de dar respuesta a los afectados en sus quejas sobre las conclusiones de este último informe, según informan fuentes conocedoras del proceso.

Los afectados están en su derecho de transmitir a la JUR su desacuerdo en relación con esta última decisión. Podrán hacerlo en el marco del proceso de derecho de audiencia que la autoridad puso en marcha tras concluir que no compensará a los afectados por la resolución de Popular, al considerar que un concurso de acreedores les habría perjudicado no solamente a ellos, sino también a los depositantes con más de 100.000 euros en el banco ahora propiedad de Santander. Quienes hubieran tenido depósitos de cantidades inferiores los habrían tenido cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), en todo caso.

Desde la JUR explican que contar con Deloitte para esta última fase del proceso, la de dar respuesta a los afectados, forma parte del contrato que ambas partes mantienen desde que la autoridad eligiera a la consultora para ello en mayo del año pasado, pocos días antes de que Popular entrara en resolución y fuera inmediatamente después vendido a Santander por un euro.

"Deloitte asistirá a la JUR tanto como sea necesario para clarificar cualquier detalle técnico en relación con los datos y la metodología que la firma ha utilizado para llevar a cabo su análisis, asegurando siempre que se toman las precauciones necesarias para garantizar su continua independencia", apuntan fuentes de la autoridad europea a Bolsamanía.

La realización de estos informes por parte de la misma auditora ha sido objeto de debate durante los últimos meses por parte de los afectados por la resolución, que esperaban que el tercer documento fuera ejecutado por una firma diferente con el objetivo de garantizar la máxima objetividad.

Sin embargo, la JUR ha defendido en todo momento la independencia de la firma para realizar todas las fases de este trabajo, que también ha sido cuestionado debido a que la propia Deloitte reconocía en el primero de los informes que lo había realizado en un tiempo "extremadamente corto" y sin acceso a "cierta información crítica".

DERECHO DE AUDIENCIA

Han pasado ya tres meses desde que la JUR diera a conocer este último informe que realizó Deloitte por su encargo, el que tenía la misión de aclarar si una hipotética liquidación del banco habría resultado menos perjudicial para sus accionistas, bonistas y depositantes que la resolución que se llevó a cabo en la noche del 6 de junio de 2017.

En el documento, además, Deloitte señalaba que el coste por litigios al que tendría que hacer frente Santander por la compra de Popular ascendería a 1.788 millones de euros en el mejor escenario o a 3.453 millones de euros en el peor. Este importe fue calculado en el caso de una hipotética liquidación de Popular, pero se podría trasladar al riesgo judicial al que tendrá que hacer frente Santander, pues tiene en cuenta los litigios por cláusulas suelo, por los bonos convertibles obligatorios, por los gastos hipotecarios, por las garantías bancarias de promociones inmobiliarias y, lo más importante, por las ampliaciones de capital de 2012 y 2016. Son frentes judiciales que la actual propietaria de Popular mantiene abiertos.

Tras analizar las conclusiones de este informe, el organismo europeo presidido por Elke König decidió que no procedía compensar a los accionistas, pues las consecuencias del posible concurso de acreedores de Popular habrían sido peores. La decisión fue tomada de forma preliminar, dado que antes de emitir una definitiva la JUR debe escuchar los comentarios que los afectados por la resolución quieran realizar.

Por ello, tras la publicación del último informe de Deloitte, la JUR abrió el derecho de audiencia, un mecanismo mediante el cual los afectados pueden transmitir a la autoridad su desacuerdo con su decisión de no compensarles. Era la decisión esperada, pues era improbable que la JUR sacase una conclusión contraria a la decisión que tomó.

Los afectados interesados en el proceso tuvieron algo más de un mes para registrarse en la primera fase del proceso, que concluyó el 14 de septiembre. Los más de 12.000 afectados que se registraron para enviar comentarios pueden hacerlo desde el martes pasado.