"El diésel tiene los días contados". La ministra para la Transición Ecológica (y desde esta semana vicepresidenta del Gobierno), Teresa Ribera, valoraba así tras llegar al Ejecutivo su visión sobre el futuro de este combustible. Entonces, consideraba que su "impacto" en la calidad del aire era "lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida". Año y medio después, con la nueva legislatura en marcha y pese a que una fiscalidad más severa sobre el diésel no esté presente en el pacto sellado entre PSOE y Unidas Podemos, puede ser una de las piezas de la nueva Ley de Cambio Climático, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aspira a tener lista en los próximos meses, según indican fuentes del sector del transporte.
El acuerdo de Gobierno entre las dos formaciones progresistas asegura que se busca reducir las emisiones pero sin golpear el bolsillo de los conductores y transportistas. "Apostamos por la nueva fiscalidad verde como mecanismo para desincentivar comportamientos nocivos para el medioambiente, evitando siempre que cualquier modificación recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos y PYMES", en referencia a los colectivos más afectados por un alza de los impuestos sobre este carburante.
Y no hablaba de medidas, tan sólo de una línea general. "Promoveremos a nivel europeo el establecimiento de un mecanismo de compensación del CO2 en frontera para las importaciones", asegura el pacto de Gobierno.
Esa Ley de Cambio Climático es una prioridad para el nuevo Ejecutivo y, en ella, se aspira a fijar "objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero y energía para vertebrar las políticas energéticas, de transporte, de producción industrial y las urbanas". Un objetivo económico global que sólo marca aspiraciones concretas en el terreno de la producción eléctrica, para alcanzar en 2050 una generación de electricidad con origen 100% renovable, y entre el 85% y el 95% en 2040, según lo pactado por ambas formaciones.
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EL PUNTO DE PARTIDA
Ni PSOE ni Podemos han llevado en sus programas electorales un nuevo impuesto al diésel pero no se parte de cero.
En el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático elaborado por el Gobierno de Sánchez el pasado febrero (que encalló con las elecciones) ya se indicaba que con el "objetivo de avanzar hacia sistemas de movilidad más eficientes, seguros y respetuosos con la salud y el medio ambiente" se iba "a trabajar para alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050".
Por ello, los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos habían "de ser con emisiones de 0gCO2/km no más tarde del año 2040". Ahí no hablaba de fiscalidad.
En cambio, en la Proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética, que presentaron en la pasada legislatura Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común, se instaba a "una reforma del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, de forma que la cuota tributaria dependa exclusivamente de las emisiones por km. de cada vehículo, considerando las emisiones [entre ellas CO2 y NOx] respecto de los coches disponibles en venta".
Indicaban, además, que "el coste de la matriculación de vehículos que causen emisiones será cada vez más elevado, en concordancia con los objetivos de penetración de vehículos eléctricos". Habrá que esperar a la tramitación de la Ley de Cambio Climático (o a los próximos Presupuestos Generales del Estado) para ver si se recupera la idea de redefinir la fiscalidad de los combustibles.
