El sector eléctrico va a ser uno de los que más vea cambiar su futuro si el acuerdo sellado este lunes por PSOE y Unidas Podemos se plasma en una nueva legislatura. De entrada, ambos partidos hablan de un “Plan de Reforma del Sistema Eléctrico” con el se afrontaría "la descarbonización y unos precios asequibles para el consumidor y las empresas”. Y, para conseguirlo, no mencionan la creación de una eléctrica pública, como planteaba la formación encabezada por Pablo Iglesias en su programa electoral. En cambio, sí incluyen un nuevo modelo de bono social eléctrico y también gasista.
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En su documento, la lucha contra el cambio climático es la tercera prioridad, en orden, para el nuevo Ejecutivo de coalición, por detrás de consolidar el crecimiento y la creación de empleo; y los derechos sociales la regeneración democrática, ciencia e innovación. Y es ahí donde PSOE y UP abogan por un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y una nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En esta última, el objetivo a muy largo plazo es alcanzar, “en 2050, una generación de electricidad con origen 100% renovable, y entre el 85% y el 95% en 2040”.
SIN ELÉCTRICA PÚBLICA
El plan para el nuevo Ejecutivo progresista no contempla la creación de una nueva eléctrica estatal. La formación morada hablaba de cara a las elecciones del 10-N de constituir una “empresa pública eléctrica para para llevar a cabo la transición ecológica, luchar contra el cambio climático y bajar la factura de la luz”. Esta entidad iba, en su programa, ligada a la figura de una Vicepresidencia de Transición Ecológica y Nuevo Modelo Industrial y un Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE).
Esa empresa planteada por Podemos desempeñaría “un rol activo en la instalación de energías renovables” y trabajaría “de forma coordinada con las empresas públicas municipales que se han creado o que se puedan crear para la comercialización y la gestión de su propia energía”. De momento, esa eléctrica estatal tendrá que esperar.
Si cambiará el bono social. “Aprobaremos una reforma profunda del bono social eléctrico y la creación un bono general que incluye el bono gasista”, prometen las dos formaciones progresistas en su programa conjunto.
No dan detalles, salvo que “el coste del bono social eléctrico, será asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario”. El propósito: estos bonos tendrán el “fin último de permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía”.
SIN “BENEFICIOS CAÍDOS DEL CIELO”
El nuevo plan de energía y clima del PSOE y Podemos incluye aspectos como una reforma del sistema eléctrico que “favorezca la transición hacia la descarbonización y unos precios asequibles”. Y ahí entran las medidas de calado, aunque de momento sean objetivos amplios, como “modificar los requisitos, reglas y convocatorias de asignación de las subastas” para asignar las retribuciones de las instalaciones renovables”. También “acabar acabar con la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías”.
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En esa letra pequeña, el pacto PSOE-Podemos incluye revisar los pagos por capacidad y modificar la factura eléctrica con el objetivo de: reducir el porcentaje que representa el término de potencia; que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros Kw/h sea inferior a los siguientes”, incentivando, aseguran, la eficiencia energética.
Los dos partidos hablan de un “Green New Deal” que completarán con un nuevo “estatuto del consumidor electrointensivo” a través de “compensaciones y exenciones de pago a cambio de que éstas mejoren su eficiencia energética y que mantengan y generen empleo”.
