No estaba en el orden del día, pero era un tema a tratar. Por eso Naturgy ha propuesto a sus socios en la central nuclear de Almaraz, Iberdrola y Endesa, celebrar una junta extraordinaria de administradores después de Navidad con un único objetivo: decidir si se solicitará una prórroga del permiso de explotación del primer grupo de la central, una licencia que expira el próximo 31 de marzo.
La próxima cita no tiene fecha, confirman a este medio fuentes cercanas a la reunión, pero para el momento en que se convoque, las empresas tendrá ya sobre la mesa el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. El Ministerio para la Transición Ecológica ultima ya este documento que debe presentar a Bruselas antes de que acabe el año y que, entre otros aspectos, se encargará de definir el destino del parque nuclear español de cara a la próxima década.
El horizonte del apagón nuclear es, en principio, 2028. Así lo ha manifestado la ministra Teresa Ribera en distintas ocasiones, haciendo referencia a la necesidad de una desconexión ordenada de las siete reactores nucleares que actualmente están activos. Trillo y Vandellós son las dos centrales que cumplen los 40 ese año, pero antes le llegará el turno a Almaraz (2023-24), Ascó (2024-26) y Cofrentes (2025).
CLAVES DE LA NEGOCIACIÓN
Las tres compañías aseguran estar abiertas al diálogo para dar con una solución de consenso. Y tienen que hacerlo, no solo por buena voluntad, sino porque aunque ostentan porcentajes de propiedad distintos -Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%)-, son socios a través de una agrupación, Central Nuclear Almaraz-Trillo (CNAT), que tiene la categoría de interés económico (AIE), y les fuerza a entenderse en unanimidad para tomar decisiones.
El principal desacuerdo está en el plazo de la licencia que deberían pedir. La normativa actual obliga a pedir renovaciones por un plazo de 10 años y, si se aprueba ese período, eso extendería la operación más allá de los 40 años por los que Iberdrola y Naturgy pujan, ya que amortizan los activos en ese plazo. Endesa, en tanto, amortiza contablemente este activo en 50 años.
La central de Almaraz consta de dos ciclos que empezaron a operar en 1983 y 1984, por lo que cumplirían 40 años, respectivamente, en 2023 y 2024. En España no hay un plazo establecido para el cierre de las centrales. Los 40 años es el período de vida para el que se diseñan y, de continuar trabajando, es necesario realizar cuantiosas inversiones que garanticen su seguridad.
De ahí el interés de Iberdrola y Naturgy en lograr que se permita solicitar una licencia 'limitada', es decir, por un período inferior a 10 años, para así desconectar esos grupos a medida que cumplan la cuarta década y que no sea necesario asumir nuevas inversiones que, a la rentabilidad actual, no ven sencillo recuperar.
FINANCIAR EL DESMANTELAMIENTO
Pero, según confirman a este medio fuentes del sector, el principal problema a este cierre escalonado es el cálculo de la tasa nuclear que se paga a Enresa para financiar el desmantelamiento de las centrales. La empresa pública es la encargada de realizar esas labores una vez que la central deja de operar y esa actividad se financia con un fondo que nutren las empresas a través de una tasa que se calcula en función de la vida útil de las centrales.
Si alguna de las eléctricas deja de operar su centrales antes que las otras, dejará también de pagar esa tasa y forzaría a asumir una mayor tasa a las demás. O lo que podría ser peor para el consumidor, que esa 'derrama' vaya a parar al recibo de la luz. El fondo de Enresa tiene actualmente unos 5.000 millones de euros y, a las tasas actuales, si las empresas sólo pagan hasta los 40 años de vida, faltarían aún unos 2.000 millones por cubrir, según fuentes del sector. Según los cálculos de Enresa, las labores de desmantelamiento costarían más de 20.000 millones de euros.
ABIERTAS A TODAS LAS POSIBILIDADES
Para superar el bloqueo en las conversaciones, Iberdrola ha propuesto que se modifique la normativa actual y se permita solicitar esa renovación limitada, "sin perjuicio de eventuales renovaciones en el futuro", indican fuentes de la eléctrica.
Esto, aseguran, dará al Gobierno mayor margen para precisar la política energética y el papel de la energía nuclear durante la transición energética. Endesa, por su parte, reitera su postura: mantener las centrales en operación más allá de los 40 años siempre que se den las condiciones de rentabilidad y seguridad necesarias.
Su posición responde también a su intención de cumplir los objetivos de emisiones y defiende que no hay otra tecnología que garantice la seguridad del suministro eléctrico a precio competitivo al tiempo que se desarrolla el ambicioso plan de renovables que pretende impulsar el Gobierno.
Una de las soluciones que se baraja es el intercambio de participaciones para que cada planta quede bajo el mando de una de ellas y no dependan de las demás a la hora de tomar decisiones. Las eléctricas son socias en varias centrales con distinto porcentaje de participación.
Por ejemplo, Endesa tiene el 100% de Ascó I y es el socio mayoritario en Vandellós II, Ascó II. Iberdrola, por su parte, controla el 100% de Cofrentes y es tiene posición mayoritaria en los dos ciclos de Almaraz y en Trillo -en la que Naturgy tiene un 34,5% y EDP un 15,5%-. Las compañías ya han hablado de un posible intercambio accionarial para controlar por separado las distintas centrales, pero para avanzar en esta vía es necesario valorar los activos, así como tasar las inversiones que requiere cada una o fijar el reparto de los costes del desmantelamiento.
Desde Naturgy y EDP comparten la vocación de lograr una solución que acomode a todas, pero como socios minoritarios en las centrales, tendrán que esperar a que Endesa e Iberdrola se pongan de acuerdo sobre las vías a explorar en el futuro nuclear.