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El presidente de Enagás, Antonio LlardénENAGÁS
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Enagás confía en lograr que el Estado le pague por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacén de gas Castor. Así lo ha expresado este martes su presidente, Antonio Llardén, en la rueda de prensa para explicar el Plan Estratégico 2019-2023 que acaba de publicar la compañía. "Tenemos información del Ministerio y la CNMC de que se tiene que buscar una solución después de haber recibido el encargo del mantenimiento y seguridad" de este fallido almacén, actualmente en hibernación.

El pasado mes de diciembre la gasista presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado en la que solicitaba la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas Castor, hibernado desde 2013 tras los seísmos ocurridos en las costas de Vinaroz (Castellón) durante el primer llenado de gas. Esta reclamación sigue su curso, como ha explicado Llardén, que ha querido dejar claro que Enagás sigue haciendo ese trabajo pese a que han dejado de cobrar por ello "por cuestiones de profesionalidad". "Seguimos siendo los que pagamos los seguros y a los equipos de emergencia", ha dicho el presidente de la gasista, que cree que pronto se resolverá la situación y lograrán que el Estado compense a Enagás por los costes asumidos durante todo este tiempo.

Asimismo, sobre el almacén Castor, Llardén ha señalado que el Gobierno tendrá que decidir pronto si se sella definitivamente. La intención de la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, era echar el cierre definitivo al Castor, aunque ahora, con el adelanto electoral, parece que esta cuestión quedará aparcada. Según el presidente de Enagás, la ministra no ha hablado de "desmantelamiento", pero sí ha dicho que "la instalación no se iba a reabrir". El problema, ha destacado, es que "hay una operación que hay que hacer sí o sí", y tiene que ver con el sellado de los 12 pozos de extracción.

"Enagás siguió estrictamente las instrucciones técnicas", ha remarcado Llardén, que ha explicado que pusieron un taponamiento reversible porque así "se nos indicó". El problema es que este tipo de tapones deben ser sustituidos "a los tres-cuatro años" o, si así se decide, "proceder al sellado definitivo del pozo", y "el plazo está a punto de cumplir". "El Ministerio tendrá que decidir qué hace", ha remarcado.

Asimismo, se ha negado a hacer comentarios sobre el escrito que ha presentado Escal UGS ante Transición Ecológica, que asegura que ni el MIT ni Harvard hicieron el informe que determinó el cierre del Castor por su "peligrosidad". Escal, alianza participada por ACS con un 66,7% y la sociedad canadiense de ese mismo nombre, con el el 33,3%, fue titular del almacén submarino de gas. El presidente de Enagás no ha querido comentar el asunto, y se ha escudado en que es un tema judicial del que la gasista "no forma parte".

Según Llardén, "sobre este tema no tenemos nada que decir", aunque sí "damos fe de que los profesores que hicieron el estudio son perfectamente conocidos y que este informe tiene todas las garantías". El directivo ha insistido en que el informe lo hicieron "señores que son expertos" de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y "damos fe de que esos profesores son de donde dicen que son".

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