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El empresariado catalán ha acogido la inversión histórica del Estado en Cataluña que contemplan los Presupuestos Generales (PGE) del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con resquemor. Aunque entidades y patronales, en su mayoría, instan a los partidos independentistas a apoyar las cuentas, las ponen en cuarentena, bien porque piensan que nos son las que merece la comunidad, bien porque lamentan que sean fruto del "chantaje del soberanismo al Gobierno", como denuncia Empresaris de Catalunya.

Su presidente, Carlos Rivadulla, no niega que la mejora de las inversiones para la comunidad autónoma sea favorable a los empresarios de la región. "No es cuestión de tirarnos piedras", comenta, sin embargo, se muestra extremadamente crítico con el hecho de que se haya logrado como "moneda de cambio" al apoyo de los independentistas. Reivindica que los Presupuestos deben destinarse a las comunidades de forma proporcional y según el interés de todos los ciudadanos y el pacto constitucional y nunca como "premio a quienes han puesto en jaque al Estado".

Sánchez sacó pecho el pasado sábado de que sus cuentas satisfacían lo que dictamina el Estatut de Autonomía de la región, que estipula que la comunidad debe recibir en inversiones anuales la parte proporcional a su aportación al PIB, que es del 19,1%. La cifra final de 2.251 millones de euros -2.050 en nuevas inversiones y 200 que corresponden a la deuda histórica del Gobierno con Cataluña- equivale al 18,5%, por lo que los partidos soberanistas han cargado contra un proyecto presupuestario que incrementa en más de un 55% la dotación del anterior Gobierno y que puede calificarse de histórico. A pesar de que Moncloa se ha volcado con Cataluña, ERC y el PDeCAT no han garantizado, ni siquiera, que vayan a permitir que se tramiten en el Congreso.

A juicio de Rivadulla, el plan presupuestario manda el mensaje equivocado de que "es rentable poner al Estado contra las cuerdas" y se "premia a quien ha sido desleal en detrimento de otras comunidades que han salido castigadas. Por ejemplo, La Rioja, Galicia y Madrid: la primera pierde un 39% de fondos y la segunda, el 19%, mientras que la tercera se congela. El por el momento presidente interino de Empresaris de Catalunya, que sustituyó en el cargo al actual alcaldable por el PP de Barcelona, Josep Bou, afea a Moncloa que se dé más a Cataluña en detrimento de otras regiones. "Se va a explicar mal al resto de España", comenta.

Este supuesto agravio comparativo ha sido desdeñado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha defendido que no existen cesiones a Cataluña en los PGE, ya que no se trata de una medida específica, sino que se encuadra en la mayor inversión territorial. "No es justamente Cataluña la que, en términos porcentuales, experimenta más porcentaje, otras comunidades autónomas también lo hacen", ha querido matizar la ministra, en declaraciones a la SER, después de que la oposición haya identificado este diseño presupuestario como un guiño hacia los socios del Gobierno.

LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y CONSTRUCTORES DAN SU AVAL

El volumen de las inversiones tampoco ha convencido a la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Catalunya (CCOC). Su presidente, Joaquim Llansó, ha juzgado que "no son los que Catalunya merece ni le tocan", ya que ha defendido que la inversión debería ser proporcional a la aportación de Catalunya al conjunto de la economía española, y que se cifra en un 19,2%. Sin embargo, ha considerado positivo aprobar los PGE "porque nos permiten 'tirar millas", ha dicho Llansó en rueda de prensa el martes.

La Cámara de Comercio de Barcelona ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez un "compromiso firme" en el cumplimiento de la inversión presupuestada

Desde esta entidad reconocen el "esfuerzo con Cataluña que ha hecho el jefe del Ejecutivo", al igual que desde la Cámara de Comercio de Barcelona, cuyo presidente, Miquel Valls, ha valorado positivamente el incremento de 900 millones con respecto a lo presupuestado en 2018, por lo que, a través de un comunicado emitido por la entidad, ha considerado "prioritario" dar apoyo al PSOE en la Cámara Baja. Valls ha pedido responsabilidad a los partidos políticos porque la economía catalana necesita "más que nunca" la inversión que recogen los PGE para 2019.

Sin embargo, ha afirmado que "la experiencia demuestra que los presupuestos de inversión pueden acabar siendo papel mojado", ya que según los estudios de la Cámara el grado de ejecución de la inversión en infraestructuras del Estado en Catalunya ha sido del 77% de media entre 2001 y 2017, por debajo del porcentaje de ejecución en el conjunto de las comunidades y que es de un 84%.

De este modo, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez un "compromiso firme" en el cumplimiento de la inversión presupuestada, impulsando, por ejemplo, la actividad de la Comisión Bilateral de Infraestructuras Estado-Generalitat y presentando trimestralmente un estado de la ejecución de los proyectos.

Esta reclamación se aproxima a una de las proferidas por el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien ha pedido una mesa bilateral que vigile en grado de cumplimiento de los planes presupuestarios. Este asunto se abordará, con toda probabilidad, en la reunión que este jueves mantendrán la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el de la Generalitat, Pere Aragonès y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi.

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