La Seguridad Social asegura que se trata de dos contratos extinguidos en 2016, a los que no se les puede aplicar la Ley de Arrendamientos Urbanos
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La Subdirectora General de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha denegado la prórroga de dos años solicitada por inquilinos de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social en barrios del centro de Madrid como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico.
Así se lo ha comunicado este organismo dependiente del departamento que dirige Elma Saiz a los vecinos afectados por la venta de estas viviendas públicas en una comunicación oficial fechada el pasado día 30, consultada por Europa Press.
En ella, se deniega la posibilidad de acogerse a la prórroga de alquiler de dos años aprobada en el Real Decreto 8/2026 sobre prórrogas extraordinarias de protección al inquilino de vivienda habitual.
Una decisión que afecta a numerosas viviendas vacías situadas en el centro de Madrid en barrios como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico que proceden de la Sociedad Pública de Alquiler, creada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y liquidada en 2012.
Fuentes de la Seguridad Social han precisado a Europa Press que se trata de dos contratos extinguidos desde 2016, a los que no les es aplicable la Ley de Arrendamientos Urbanos.
"La Tesorería General de la Seguridad Social se ha puesto en contacto con los arrendatarios en numerosas ocasiones desde hace más de un año para hacerles llegar toda la información y las explicaciones convenientes", alegan las mismas fuentes.
Recuerdan, además, que en 2022 el Tribunal de Cuentas realizó un informe de fiscalización sobre el patrimonio de la Seguridad Social en el que informaba de que se debía proceder a la enajenación de los inmuebles y a corregir las situaciones jurídicas irregulares, dado que una administración pública no puede tener a inquilinos en situación jurídica irregular.
"La Seguridad Social, atendiendo a las necesidades que esta situación pudiera provocar a los inquilinos, les habilitó un canal preferente de compra de los inmuebles y abrió un canal de contacto abierto permanente con ellos donde se les ha convocado diversas reuniones para estudiar cada una de las casuísticas", explican desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
"SORPRESA" ENTRE LOS INQUILINOS
La denegación de la prórroga por parte del Ministerio ha sido acogida con "sorpresa e incredulidad" por los afectados al tratarse de una medida aprobada por el propio Gobierno pero que no se aplica en las viviendas cuyo casero es público y estatal, como sucede en este caso, según ha apuntado el Sindicato de Inquilinas de Madrid en un comunicado.
Al hilo, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han subrayado que "no existe ningún impedimento legal" para aplicar la prórroga y ampliar los contratos durante dos años mientras se inicia "una negociación colectiva que ofrezca una solución para todas las vecinas, incluidas aquellas que ya han recibido demandas de desahucio".
Los inquilinos han denunciado en múltiples ocasiones que ningún responsable del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni del Ministerio de Vivienda se ha reunido con ellos para dar explicaciones sobre la venta de las viviendas. Asimismo, han llegado incluso a ocupar la sede de la Tesorería en la calle Doctor Esquerdo para exigir una reunión, así como a interrumpir los actos de las subastas de las viviendas, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.
En este sentido, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha recalcado que este movimiento "no hace sino aumentar la opacidad de esta operación de privatización y reforzar las sospechas sobre posibles intereses particulares en la subasta" de estas viviendas.
En este sentido, ha apuntado que la propia ministra de Vivienda "insiste públicamente en la necesidad de aumentar el parque público de vivienda", pero no ha dado "ninguna explicación sobre la venta de estas viviendas, que suponen una clara disminución de recursos habitacionales en plena crisis de vivienda".
En la misma línea, desde este sindicato han tildado de "incoherente" que el Ministerio de Vivienda anuncie esta semana la compra de 600 viviendas a través de Casa 47, mientras la Tesorería de la Seguridad Social mantiene más de 800 viviendas vacías y pretende desahuciar a inquilinos que llevan más de 20 años habitando sus hogares.
"Cabe recalcar que esta actuación contraviene distintos artículos de la Ley de Vivienda aprobada por este Gobierno, en concreto, el artículo 28 y la disposición adicional segunda, que obligan a las administraciones públicas no solo a mantener el parque público de vivienda, sino también a incrementarlo", ha advertido el sindicato.
Los vecinos, agrupados en el Sindicato de Inquilinas de Madrid, han subrayado que "darán la batalla" en todos los frentes, incluida la vía contencioso-administrativa, "hasta conseguir que las viviendas se incorporen al parque público de vivienda en alquiler permanente sin suponer expulsión para ningún vecino".
Así, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han denunciado la opacidad del proceso y han asegurado que los vecinos no van a abandonar sus viviendas, sumándose a la estrategia #NosQuedamos para forzar una negociación que garantice sus viviendas.