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Francisco Celma ha sacado la artillería pesada en el juicio del caso Bankia y ha decidido ajustar cuentas con Rodrigo Rato, Ángel Acebes y varias autoridades, entre ellas el Banco de España y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Celma, el único de los encausados que no ha puesto ningún reparo en contestar a las acusaciones particulares y populares, se ha defendido de las inculpaciones de otros imputados en la causa alegando que hizo su trabajo correctamente.

La declaración de Celma en el juicio oral por la salida a bolsa de Bankia era una de las más esperadas. La mayoría de los exconsejeros de la entidad, especialmente los que fueron miembros de la comisión de auditoría, han cargado parte de las culpas contra él, al que acusan de no advertir suficientemente sobre la imposibilidad de realizar el informe de auditoría de las cuentas de 2011 por falta de información.

Algunos de los exconsejeros de Bankia han descargado su responsabilidad sobre Celma, especialmente el exministro Ángel Acebes y la catedrática Araceli Mora, presidente y miembro de la comisión de auditoría de Bankia en aquel momento, respectivamente, que le acusaron de mentir en la declaración que realizó durante la fase de instrucción, cuando era aún testigo y no imputado.

Acebes le acusó de no advertir sobre que le era imposible firmar la auditoría sino recibía determinada información, mientras que Mora explicó que Celma había prometido a la comisión de auditoría hacerle llegar un borrador de la auditoría que tenía escrito poco antes de la fecha límite para remitir las cuentas a la CNMV (30 de abril de 2012).

Celma, durante su declaración como imputado los pasados martes y miércoles, ofreció una versión diferente de los hechos. Según su relato, desde principios de diciembre de 2011 comunicaba semanalmente a los directivos de BFA y Bankia la información que iba necesitando para realizar correctamente su trabajo de auditoría, como información relevante sobre el grupo inmobiliario, activos adjudicados, posiciones de inversión crediticias y valoración de fondos de pensiones.

Llegó a enviar a las direcciones de Bankia y BFA un mail con un documento de doce páginas en el que detallaba toda la información pendiente, según su versión, mientras que los exconsejeros apuntaron que solamente les había comentado que faltaba información sobre tasaciones y activos fiscales diferidos.

Lo que nunca llegó a hacer, según dijo Celma, fue redactar un borrador de auditoría, un documento que solamente se hace llegar a la entidad cuando está realizado el trabajo completo y solo queda pendiente la firma del socio. Celma redactó únicamente “un papel” de trabajo a petición de Rato.

RATO MINTIÓ EN SEDE JUDICIAL

De hecho, los dardos más afilados los lanzó Celma contra Rato, expresidente de Bankia. El socio de Deloitte reprodujo una conversación “privada” que mantuvo con el exbanquero a mediados de abril en la que le comunicó sus dificultades para firmar la auditoría al no disponer de determinada información.

Siempre según su versión, a lo largo de la conversación Rato llegó a espetarle: “Olvídate de la dichosa información”. El expresidente de Bankia le estaba planteando si podría firmar la auditoría teniendo en cuenta que el FROB inyectaría a la entidad 7.000 millones más. Era el plan que diseñó Rato por petición de Luis de Guindos, entonces ministro de Economía y Competitividad, pero que nunca llegó a aprobarse.

La respuesta de Celma fue que necesitaba información para emitir el informe de auditoría y hacer su “trabajo de campo”. Por ello, le dijo a Rato que solamente sería posible la auditoría si la entidad le facilitaba los datos pendientes y si había un compromiso escrito de que esa inyección de 7.000 millones llegaría. Se lo puso al expresidente por escrito en un documento no oficial (el que algunos exconsejeros consideran el borrador de auditoría), pero no llegó a cumplirlo, dado que el banco no le envió la información necesaria.

APUNTA AL ICAC Y AL BANCO DE ESPAÑA

Defiende que la auditora no tuvo intervención en la decisión de la salida a bolsa ni en la elaboración del folleto

El ICAC impuso hace años a Deloitte una multa de 12 millones de euros que quedó reducida a 10,4 millones por su actuación en la salida a bolsa de Bankia que la firma ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

Celma, que ha defendido que la auditora no tuvo intervención en la decisión de la salida a bolsa ni en la elaboración del folleto, está convencido de que el alto tribunal resolverá a su favor. “Mi sensación es que, como en otros casos en los que el ICAC ha actuado, la posibilidad de que acabemos ganando no es del 100%, pero es bastante cercana”, expresó el socio de Deloitte.

En su opinión, la multa fue impuesta por un trabajo que Deloitte realizó para Bankia por orden de la CNMV después de “un proceso interno no exento de cierta violencia”, pues el comité consultivo del Instituto, en el que están la CNMV, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas y asociaciones profesionales, “le dijo al ICAC que no había ningún motivo para proponer esa sanción”. “Eran servicios permitidos por la Ley de Auditoría de cuentas”, defendió.

El ICAC no fue la única autoridad objetivo de los dardos de Celma. Según su versión, la comisión ejecutiva del Banco de España no cuestionó en ningún informe la estructura del SIP. Además, el supervisor manifestó en marzo de 2011 y tres meses después que las provisiones que tenía Bankia eran suficientes para los dos años siguientes, siempre según su versión.

Celma fue responsable de la auditoría de cuentas de Bankia del ejercicio 2011, pero también de 2012, último año que la firma auditó a este banco. El origen de su relación con la entidad se remonta a 2009, cuando tuvo que auditar Caja Madrid. Lo hizo también en 2010, cuando además tuvo que firmar las cuentas de BFA, que en aquel momento eran la suma de los balances de las siete cajas que integraron el Sistema Institucional de Protección (SIP). Actualmente, es socio director para el Sector Financiero en España de Deloitte.

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