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El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha acusado a Luis de Guindos, ministro de Economía en el momento de su salida de la entidad, de obligarle, a espaldas del Banco de España, a presentar un plan de saneamiento en mayo de 2012 en el que la entidad solicitaba al FROB 7.000 millones de euros. El plan fue rechazado y unos días después Rato dimitió por petición del Gobierno.

“Hicimos un plan, contratamos a una entidad [McKinsey] y elaboramos una situación macroeconómica caótica que pudiera justificar esa petición extraordinaria del ministro y en esa situación macroeconómica caótica nos salía lo que decía ahí [7.000 millones de euros]”, ha señalado Rato en respuesta a las preguntas del fiscal.

Este lunes se ha retomado el juicio oral del caso Bankia con el interrogatorio a Rato. Las preguntas las está efectuando Alejandro Luzón, el fiscal jefe Anticorrupción, que sustituye a la fiscal del caso, Carmen Launa, ausente por enfermedad. Rato ha continuado con Luzón el enfrentamiento que mantenía con Launa, con algunas interrupciones a sus preguntas. En un momento dado, Rato ha llegado a ironizar con el fiscal al señalar que su abogado le recomienda no discutir con él.

Durante el interrogatorio, Rato ha explicado que el segundo plan de saneamiento que presentó para Bankia a principios de mayo, adicional al publicado tras la aprobación del Real Decreto 2/2012 de saneamiento del sector financiero, respondió a una petición del Gobierno. El Banco de España no sabía nada de este plan hasta que se comunicó al mercado el 4 de mayo, según Rato.

El expresidente de Bankia ha señalado que el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, no le trasladó la cifra que debía solicitar Bankia al FROB, sino que solamente le pidió una cifra “creíble”. “Era una petición de las autoridades políticas”, ha defendido Rato, y no del Banco de España, que conoció el plan el mismo 4 de mayo.

Rato ha explicado que el Gobierno solicitó este segundo plan de saneamiento por encontrarse en una situación de “nerviosismo” y “pánico” por “razones perfectamente entendibles”. “Se nos dice que tenemos que presentar un plan suficientemente llamativo y que genere confianza en los mercados”, ha añadido.

En medio de esta situación, el auditor de la entidad, Deloitte, se negó a firmar las cuentas que Bankia presentó ese mismo 4 de mayo. Según ha explicado Rato, el socio de la firma Franscico Celma elaboró un borrador de informe de auditoría sin salvedades, pero no llegó a entregar a la entidad el informe definitivo.

“El 20 de abril tenía que darnos obligatoriamente un informe oficial y no nos lo da”, ha afirmado Rato sobre Celma, al que acusa de tener información sobre un real decreto que el Gobierno iba a aprobar, y efectivamente aprobó más tarde, aunque no llegó a aplicarse.

La autoridad política nos presionaba y ese es el motivo por el que elaboramos un proyecto con saneamientos extraordinarios que teníamos que justificar sin base legal porque la base legal era el real decreto 2/2012 que ya se había cumplido y el segundo real decreto no se había emitido, aunque Celma nos lo había dicho, tenía información”, ha señalado.

Rato se ha responsabilizado de haber tomado la decisión de enviar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) unas cuentas sin auditar el 4 de mayo de 2012. “La tomé to porque no teníamos informe de auditoría y teníamos la obligación de presentarlas antes del 30 de abril. ¿Qué remedio nos queda? Tenemos que cumplir con nuestra obligación, lo que no podemos es suplir la obligación del auditor”, ha añadido.

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