- La comisaria de Competencia lamenta el 'gran secretismo' en materia de resoluciones fiscales
- Aún hay tres Estados miembros 'que no han respondido' a la petición de información detallada
La comisaria de Competencia, Margrete Vestager, ha avisado este martes de que no podrá cumplir con el plazo al que se comprometió para cerrar esta primavera los cinco primeros expedientes sobre la legalidad de acuerdos fiscales ventajosos con multinacionales (los de Luxemburgo con Amazon y Fiat, el de Irlanda con Apple, el de Holanda con Starbucks y otro en Bélgica), debido a las dificultades para recabar la información necesaria en la investigación.
"Es difícil recabar la información, lleva tiempo, y no siempre recibimos lo que pedimos. Ni la primera vez que lo pedimos, ni la segunda", ha lamentado la comisaria en su comparecencia ante la comisión especial sobre resoluciones fiscales del Parlamento Europeo.
'LA TAREA NO ESTÁ SIENDO FÁCIL'
Vestager ha revelado que aún hay tres Estados miembros "que no han respondido" a la petición de información detallada de Bruselas desde que en diciembre iniciara estas investigaciones, "prueba de que la tarea no está siendo fácil". "No podemos cumplir con el plazo que nos habíamos impuesto. Lo más importante es ser justos, no quiero dar una fecha límite para ultimar estos casos", ha advertido Vestager, en referencia al plan inicial de tomar una decisión en el segundo trimestre de este año.
La política danesa se ha quejado del "gran secretismo" en materia de resoluciones fiscales
En cualquier caso, la comisaria ha querido dar garantías a los eurodiputados de los "esfuerzos" para avanzar en la investigación y resolver los expedientes "lo antes posible", para lo que ha movilizado todos los medios disponibles. Además, ha confirmado que ha recibido quejas de sindicatos sobre un posible nuevo caso que afectaría a la cadena de comida rápida McDonalds por ventajas fiscales en Luxemburgo. Una información que está "examinando" antes de decidir si debe iniciar un expediente o no.
La política danesa se ha quejado del "gran secretismo" en materia de resoluciones fiscales y de la "muy poca información" que hay disponible sobre los acuerdos que Estados miembros han cerrado con empresas particulares o sectores; si bien ha asegurado que las normas sobre ayudas públicas son un buen instrumento para que el Ejecutivo comunitario pueda investigar si se han dado ventajas ilegales a las compañías para minimizar el pago de impuestos en Europa.
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