Bankia: Lagarde deberá desautorizar a Guindos, su nuevo número dos, si declara

El nombramiento de la directora gerente del FMI como nueva presidenta del BCE en sustitución de Mario Draghi aún debe ser ratificado por la Eurocámara, pero es prácticamente seguro que será la nueva jefa de Luis de Guindos, que ocupa el cargo de vicepresidente de la autoridad monetaria desde febrero del año pasado.

Lagarde, en todo caso, deberá corroborar o rebatir la versión del exministro sobre la publicación en mayo de 2012 del adelanto del demoledor informe de la institución sobre el sistema financiero español al que algunos acusados se han referido durante el juicio como el detonante de la crisis de Bankia.

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El exministro dijo en sede judicial que ni él ni el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, al que pertenecía entonces, pidió, dado que no tenía capacidad para ello, al FMI que publicara adelantadamente estas conclusiones.

En unas recientes declaraciones, De Guindos no quiso hacer más comentarios, pero expuso: “Miren ustedes el último informe del sistema financiero español publicado por el FMI y me parece que también se adelantaron las conclusiones a la publicación del informe principal”.

Si Lagarde declara y confirma la versión del exministro, desautorizará al auditor de las actividades del FMI, que en un informe sobre sus labores de 2012, publicado años después, dice que "el 25 de abril de 2012, a petición del Gobierno, el FMI publicó las Conclusiones preliminares de la misión del FMI' sobre el Programa de Evaluación del Sector Financiero". En una nota al pie, el auditor, Nicolas Véron, cita como fuente de esta afirmación una entrevista con la plantilla del FMI.

Si, por el contrario, Lagarde desmiente al exministro, dejaría en muy mal lugar al vicepresidente del BCE. Pondría a De Guindos contra las cuerdas con el tribunal, que podría decidir acusarle de un delito de falso testimonio por mentir, pues los testigos que declaran en un juicio están obligados a decir la verdad, no como los acusados.

El tribunal del caso o, incluso, la Audiencia Nacional podría querellarse de oficio contra el exministro en un proceso judicial diferente a la causa penal que investiga la salida a bolsa de Bankia, cosa que, en todo caso, no es muy habitual, según indican fuentes jurídicas. Si los testigos faltan a la verdad en su declaración, incurren en un delito de falso testimonio tipificado en el artículo 458 del Código Penal, castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses si se produce en un juicio penal, como es el caso del de Bankia.

LA LARGA TRAVESÍA DEL CUESTIONARIO

A pesar de que la Confederación Intersindical del Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular en la causa que juzga las responsabilidades penales por la salida a bolsa de Bankia, preparó el cuestionario para Christine Lagarde el pasado mes de abril, la jefa del FMI aún no dispone del mismo. Su declaración se retrasó durante semanas porque la Audiencia Nacional, una vez recibidas las preguntas, debía traducirlas y enviarlas a Washington, donde se encuentra la sede del FMI.

En este proceso, el intermediario es el magistrado de enlace de España ante Estados Unidos, que se encuentra localizado también en Washington. Él debía recibir el cuestionario por parte de la Audiencia Nacional y remitirlo al FMI.

Sin embargo, esta conexión no ha sido posible. El organismo internacional ha justificado ante el tribunal que juzga la salida a bolsa de Bankia que el documento que contenía las preguntas se mojó durante el viaje a Washington y le llegó "en estado defectuoso". El cuestionario "no llevaba ninguna otra carpeta o protección, lo que agravó el desperfecto", ha alegado Lagarde, por lo que ha pedido más tiempo para poder remitir sus respuestas.