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Fachada de la sede del ICO (Instituto de Crédito Oficial), en el Paseo del Prado de Madrid (España).Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Abengoa ha saltado dos semanas en el calendario. Este martes volvió a marcar en rojo otra fecha, el próximo 27 de julio. Ese lunes tiene que tener pactado un acuerdo con sus acreedores y conseguir la liquidez suficiente para poder operar con cierta normalidad. Y esta última es, precisamente, su principal prioridad.

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La compañía sevillana necesita oxígeno para su operativa y eso pasa por priorizar las negociaciones para conseguir una línea de financiación de 250 millones de euros, que cuente con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO). No significa que el pacto con sus acreedores quede en segundo plano. Esta línea es clave porque el pacto con los acreedores sí podría ir sellándose paso a paso, dependiendo de los flecos pendientes, pero la liquidez es urgente.

La propia compañía reconocía este martes en su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no vive un momento fácil. En sus palabras: “la ausencia de liquidez y avales están afectando de manera severa al negocio, haciendo muy difícil su viabilidad si no se cierra la operación en el corto plazo”. En junio, por ejemplo, no pudo pagar la nomina completa a sus trabajadores.

AVALES PÚBLICOS

Además, son los mismos bancos acreedores (entre ellos, BBVA, Caixabank, Santander, Bankia y Bankinter) de quienes depende la concesión de la línea de crédito. Sobre ésta, la empresa encabezada por Gonzalo Urquijo aspira a que sea a cinco años de plazo y con el aval del ICO a razón de las medidas económicas tomadas por el Ejecutivo como consecuencia de la epidemia de coronavirus.

La segunda vía para lograr liquidez es una línea de avales de 300 millones de euros que, de nuevo, contaría con el respaldo del Estado, pero esta vez a través de Cesce. En este caso, podría cubrir las necesidades del negocio hasta 2021.

Al margen de estos puntos, Abengoa tiene pendiente la renegociación de su pasivo, que roza los 6.000 millones de euros, según sus cuentas al cierre de 2019. Este es, precisamente, otro de sus flecos sueltos porque la compañía ha presentado sus datos financieros al cierre del último año fiscal, pero sin el aval de su auditor, PwC. La compañía se comprometió hace unas semanas a remitir las cuentas a la CNMV, ya revisadas, lo antes posible, una vez el panorama sobre su viabilidad estuviera más despejado. Y eso, de momento, aún no está solucionado.

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