Liz Truss ya es la nueva primera ministra de Reino Unido, y entre sus primeras promesas desde el cargo hay una que ha llamado especialmente la atención: ha planteado una intervención del mercado energético británico para controlar la inflación. La medida podría tener un coste de 100.000 millones de libras, y ayudaría a los hogares y empresas con sus facturas de luz y gas, que no dejan de incrementarse. Aunque no todo son luces. También hay sombras. Estos son los pros y contras de la propuesta, según los expertos.
En respuesta a la crisis del coste de la vida, la nueva líder del Reino Unido considera una gran intervención en los mercados energéticos de hasta 100.000 millones de libras. La idea clave, según algunos informes, sería congelar el límite del precio de la energía para el hogar medio en las actuales 1.971 libras anuales, en lugar de aumentar el límite a 3.549 libras el 1 de octubre, como había anunciado el regulador energético Ofgem.
Esta medida, según los expertos de Berenberg, "supondría una gran diferencia con respecto a la inflación" porque si las facturas de energía de los hogares se mantienen constantes en lugar de subir en octubre y de nuevo en enero, "la inflación del Reino Unido podría ser 3 puntos porcentuales más baja en el cuarto trimestre de 2022 y unos 4 puntos más baja en el primer trimestre de 2023 que de otro modo".
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De hecho, apuntan que esto podría hacer que sus previsiones de inflación para Reino Unido "pasaran del 12,8% interanual al 10% en el cuarto trimestre y del 13,3% al 9,5% en el primer trimestre de 2023, remarcan los analistas de la firma alemana en un comentario.
Además, inciden, si los hogares tienen más dinero para gastar en bienes y servicios no energéticos, "la recesión en Reino Unido también podría ser algo más superficial de lo que proyectamos actualmente". Y creen que un gasto doméstico menos moderado en artículos no energéticos "también permitiría a las empresas trasladar las subidas de los salarios y otros costes a los consumidores con mayor facilidad".
"Hasta ahora, Reino Unido ha ofrecido menos ayudas a los hogares que la mayoría de los países europeos. Si Truss sigue adelante con la idea, el país se convertiría en supereuropeo, interviniendo más que muchos gobiernos de la UE", asegura Berenberg.
Las informaciones apuntan que los proveedores limitarían el precio unitario de la electricidad y el gas natural al nivel actual, y pedirían un préstamo a un organismo gubernamental para financiar el déficit respecto al precio mayorista. Este 'tope' podría aplicarse durante dos años, es decir, hasta después de las elecciones de 2024 en Reino Unido. El fondo del Gobierno se liquidaría de 10 a 15 años, ya sea mediante un recargo en las facturas o una mayor fiscalidad, y se estima que se necesitaría recaudar entre 70.000 y 100.000 millones de libras para financiar este plan.
Además de las ventajas de este plan para los hogares británicos, desde Pantheon Macroeconomics apuntan que también reportaría un importante 'beneficio' a Truss: "Los conservadores están muy por detrás de los laboristas en las encuestas de opinión, y ella necesita demostrar rápidamente a sus diputados -la mayoría de los cuales apoyaron a otros candidatos en la ronda final de votaciones de julio- que puede ganarse a los votantes", remarcan los expertos de la firma británica.
También creen que podría ayudar a sustentar las finanzas públicas dado que no se trataría de una ayuda a fondo perdido, sino que los proveedores de energía tendrían que devolver las cantidades en años futuros. "Podría ayudar a Truss con su objetivo de reducir la deuda con relación al PIB dentro de tres años, cuando comenzarían los reembolsos de los proveedores de energía", destacan estos analistas.
Asimismo, en Pantheon hacen referencia a que la intervención "probablemente reduciría en gran medida la tasa de inflación del IPC". Remarcan que el plan de apoyo a las familias con sus facturas de energía -un crédito de 400 libras a los hogares, pagado en seis plazos mensuales a partir de octubre- sería como una transferencia corriente del Gobierno a los hogares, una subvención que se pagará a todos, independientemente de la cantidad de energía que consuman. "En cambio, el plan de intervención congelaría directamente el precio unitario de la electricidad y el gas natural, por lo que debería repercutir en el IPC".
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Destacan que el fondo necesario para llevar a cabo esta medida "tardaría unos meses en reunirse", por lo que reconocen que "las perspectivas de inflación de cara a las Navidades no cambiarán". Otra cosa son las relativas al próximo ejercicio, y es que creen que "el IPC descenderá bruscamente cuando se introduzca el nuevo régimen de tarifas deficitarias". En su opinión, "la tasa de inflación general estaría en camino de volver al objetivo del 2% dentro de un año".
Y sobre la inflación también han hablado los estrategas de Barclays. En un informe, apuntan que si los precios de la energía para los hogares se congelan en los niveles de abril, "estimamos que la inflación podría haber alcanzado ya su máximo en julio, con un 10,1%". Es decir, creen también que la medida ayudaría a contener la escalada incesante de los precios.
Los analistas de IG, por su parte, han comentado que esta medida trae "esperanza" de que la inflación pueda ser controlada. "La capacidad de la política monetaria para controlar la inflación ante el debilitamiento de las divisas y la subida de los precios de la energía es algo limitada. La decisión de congelar los precios de la energía en Reino Unido antes de la esperada subida del próximo mes tendrá posiblemente un mayor impacto en las expectativas de inflación que una subida de 75 puntos básicos de los tipos de interés" por parte del Banco de Inglaterra.
Añaden desde IG que, a corto plazo "parece una forma eficaz de aportar mayor seguridad y aliviar la presión sobre el Banco de Inglaterra, pero la consecuencia a largo plazo será, sin duda, otro montón de deuda que, en última instancia, habrá que pagar con más impuestos". Y es que no todo son luces.
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CONTRAS DE LA MEDIDA
Como recuerdan los expertos de Berenberg, también hay una serie de contras que convendría tener en cuenta. Por ejemplo, se refieren al coste fiscal a corto plazo, ya que supondría un gasto público adicional de unos 100.000 millones de libras que equivaldría al 4% del PIB de Reino Unido, "lo que aumentaría el déficit y la deuda públicos, a menos que el Gobierno encuentre una forma de financiarlo en parte directamente a través de impuestos". En este punto se preguntan si Truss impondrá un impuesto extraordinario a las empresas energéticas que se benefician de los altos precios al por mayor sin tener que afrontar mayores costes para generar electricidad.
Otro de los contras, según los analistas de la firma germana, es que esta 'redistribución del dolor' no hace más que dejar para luego los problemas, dilatándolos en el tiempo (de los hogares actuales a los futuros contribuyentes) y/o entre diferentes partes de la economía. "La congelación de las tarifas (el déficit) podría pagarse mediante un recargo en las futuras facturas de energía, impuestos, impuestos extraordinarios o una combinación de los tres", destacan.
Por ejemplo, señalan que Truss y sus asesores "están considerando la posibilidad de prestar a las empresas el dinero que pierden por tener que mantener constantes las facturas de los hogares y permitirles añadir un recargo en las facturas de energía en el futuro para recaudar fondos para devolver el préstamo. De ser así, eso reduciría mucho la inflación a corto plazo y la elevaría modestamente durante mucho tiempo (¿15 años?) después", destaca Berenberg.
Y también ven un problema para el ahorro energético que tanto se pide desde las instituciones. "El tope también reduciría el incentivo para que los hogares ahorren energía. Eso podría aumentar los problemas potenciales para otros usuarios de energía", dicen estos expertos.
