OPINIÓN | El Supremo salva la credibilidad de España pero da alas al populismo

Como informó Bolsamanía el lunes, la expectativa generalizada en el mundo financiero, político y judicial era que el Supremo mantuviera el criterio de que el banco debía pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) pero sin retroactividad, por las enormes implicaciones económicas que tendría y los argumentos jurídicos en contra. Pero muy poca gente esperaba que el Alto Tribunal volviera al criterio inicial que había matenido desde 1995 (el impuesto debe pagarlo el cliente) porque supondría una contradicción que dejaría en el fango el prestigio de la institución. Y es justo lo que hizo anoche.

Esta sorprendente decisión tiene al menos la virtud de evitar el peor escenario, el de la retroactividad del nuevo criterio, que habría convertido a España en "Banana Republic" a ojos de los inversores internacionales cuyo dinero es vital para nuestra economía. Y se ha evitado un daño a las Haciendas autonómicas que ayer la propia ministra María Jesús Montero cifró en 5.000 millones.

EL PRESTIGIO DEL SUPREMO, EN EL FANGO

Pero hacerlo de esta forma supone hacer un daño irreparable a la institución y evidenciar su absoluta politización. Un daño que se acrecienta con la opacidad sobre los argumentos de la mayoría de magistrados para volver a la doctrina tradicional, ya que no aparecen en el comunicado del Supremo. Algo vergonzoso en un asunto de esta importancia.

Esta decisión da lugar a varias aberraciones que nadie sabe cómo se resolverán: hay tres sentencias firmes con el criterio contrario al de ayer, es decir, una evidente desigualdad ante la ley de los ciudadanos; el artículo del reglamento que establecía que el impuesto lo pagaba el cliente ha desaparecido del ordenamiento jurídico en virtud de esas sentencias; en la práctica, el Supremo se ha atribuido competencias legislativas de cara al futuro que obviamente no le corresponden; y ¿qué pasa con los que han firmado una hipoteca entre el 18 de octubre y el 6 de noviembre?

Todo esto se habría evitado si el ya famoso presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis Díez-Picazo, hubiese convocado el pleno antes de que se dictaran las tres sentencias de marras. Más aún, se habría evitado si la ley que rige este impuesto no fuera tan ambigua sobre quién debe pagarlo ("aquellos en cuyo interés se expidan los documentos"). O incluso podemos ir más allá: se habría evitado si este impuesto no existiera. ¿Por qué hay que gravar la firma de una hipoteca si ya se pagan impuestos al comprar una vivienda y al notario? Esto no se lo plantea casi nadie.

UN REGALO AL POPULISMO QUE PREOCUPA A LOS INVERSORES

Pero peor todavía que el absoluto desprestigio en que ha quedado el Supremo es el impulso inesperado que va a dar al populismo, justo cuando Podemos estaba en su momento más bajo en las encuestas tras golpes como el casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero o la renuncia a casi todas sus exigencias para apoyar los Presupuestos. La demagogia "los bancos han presionado al Supremo contra los ciudadanos" es tan evidente que no han perdido un minuto en ponerla en marcha.

Da igual que el golpe inicial fuera para la Hacienda pública. O que los mayores beneficiados de un cambio de criterio retroactivo hubieran sido los fondos buitres y las socimi. O que con esta sentencia las hipotecas españolas seguirán siendo las más baratas de Europa. Esos argumentos quedan fuera del análisis simplista que venden estos partidos. Y como ni PSOE, ni PP, ni Ciudadanos pueden criticar al Supremo ante el juicio a los líderes del 'procés', dejan todo el campo libre a Podemos. Un regalo caído del cielo que va a enturbiar el horizonte político y va a jugar en contra de España como destino inversor. Y se lo debemos al Supremo.