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Promoción de viviendas protegidas en alquilerRESYDENZA (PRYCONSA) - Archivo

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) considera que la nueva suspensión de desahucios generará unas pérdidas de 9.436 euros a cada propietario al haber estado 14 meses sin cobrar rentas, así como un volumen medio de morosidad de 132,68 millones de euros.

Este es el cálculo llevado a cabo por la agencia tras analizar la situación de impagos desde el comienzo de la pandemia, tomando los datos de lanzamientos por impago de alquiler del Consejo General del Poder Judicial, reflejando datos "alarmantes".

El director General de la ANA, José Ramón Zurdo, comenta que el impacto estimado es de 14 meses desde la primera suspensión de los lanzamientos, por la publicación del real decreto del 31 de marzo, hasta la última prórroga, cuya aprobación está prevista para antes de fin de año, y durará hasta la finalización del estado de alarma prevista para el 9 de Mayo de 2021.

Considerando el precio medio del alquiler en España, de 674 euros, la morosidad media llegaría a los 9.436 euros por propietario. En este contexto, Zurdo advierte que cuando el propietario vaya a recuperar la vivienda se puede encontrar con desperfectos e impagos de suministros que "pueden tranquilamente duplicar esa cantidad de impago anteriormente señalada".

La morosidad media en el alquiler llegará consecuentemente a los 132.689.032 euros por el impago del alquiler. Hasta el tercer trimestre de 2019 hubo un total de 27.157 lanzamientos por desahucios por no pagar el alquiler, mientras que en el mismo período de 2020 se han producido 13.095 lanzamientos.

Según la ANA, si se restan de la cifra total del año pasado, significa que "por las medidas adoptadas por el Gobierno, en el mejor de los casos, durante los Estados de Alarma se han dejado en suspenso hasta el tercer trimestre de 2020, inclusive, 14.062 lanzamientos a cargo de propietarios que no les han pagado la renta de alquiler".

COMPENSAR A PROPIETARIOS POR "EXPROPIACIÓN TEMPORAL"

Zurdo ve "muy acertado y necesario que el Gobierno quiera proteger a los inquilinos y familias vulnerables", algo que "desde luego con los créditos ICO no lo han conseguido, dejando finalmente desamparados a unos y a otros", al igual que no comprende cómo no se han contemplado contraprestaciones económicas para los propietarios afectados.

En esta línea, subraya que "algunos son propietarios vulnerables, que también están en ERTE y están siendo despedidos, y el alquiler era su única fuente de subsistencia".

Para Zurdo, si el Gobierno interviene para paralizar otra vez los desahucios y para prorrogar de nuevo de forma obligada todos los contratos de arrendamiento que venzan hasta la finalización del Estado de Alarma, estaría limitando temporalmente el derecho de los propietarios a usar sus viviendas y cobrar la renta del alquiler.

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