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El Gobierno de coalición PSOE-Podemos apenas ha echado a andar, pero las críticas no dejan de lloverle. Más ahora que ha aprobado una batería de medidas que incrementarán el gasto, como la subida de las pensiones o el aumento del salario mínimo, y que han hecho que los expertos pongan en duda la capacidad del país para consolidar sus finanzas públicas. Entre ellos los de Scope Ratings, que afirman que España debería seguir el ejemplo de Portugal porque su ajuste económico y fiscal desde la crisis "ha sido impresionante".

"La estabilidad política de Portugal y el renovado compromiso de su Gobierno de consolidar las finanzas públicas mantendrán su ratio de deuda pública en una firme trayectoria descendente, al contrario que sucede en España e Italia", señalan los expertos de la agencia de calificación crediticia, que dan a España una nota de A- con perspectiva estable.

Scope solo tiene buenas palabras para los lusos por haber logrado que su crecimiento haya superado la media de la zona euro desde 2016, y por haber logrado reducir el déficit fiscal a casi el 0% del PIB en 2019, desde el 11,4% registrado en 2010. La tasa de desempleo, recuerdan, ha caído por debajo del 7% desde el 17% de hace diez años, sin olvidar que la balanza por cuenta corriente de Portugal "está justo por debajo del equilibrio y el sector bancario se ha recapitalizado y reestructurado".

Portugal, gobernada por el socialista António Costa, se ha comprometido además con el equilibrio de sus cuentas para poder reducir la elevada deuda pública que arrastra la economía (ha bajado desde el máximo del 132,9% del PIB de 2014 hasta el 118,9% en 2019), pero sin renunciar a elevar los salarios públicos y el gasto social. Estas medidas "pueden reducir ligeramente el ritmo de consolidación fiscal, pero no debería debilitar el compromiso" del Gobierno del primer ministro, aseguran los expertos de la agencia de calificación.

Señalan, de hecho, que el aumento de los salarios públicos y de las prestaciones sociales son decisiones que se enmarcan en el contexto de "un mercado laboral saludable" y que se producen tras el aumento de los salarios del sector privado, por lo que a pesar del aumento del gasto, la economía portuguesa no debería sufrir en exceso. Tanto es así que Scope prevé que la ratio deuda-PIB caiga "por debajo del 105% para 2024", con un ritmo de reducción de entre 15 y 20 puntos básicos en cuatro años, lo que "supera las expectativas de la trayectoria de la deuda pública de España e Italia".

"Las autoridades portuguesas han aprovechado el entorno económico favorable para hacer frente a las vulnerabilidades de las finanzas públicas que aún existen en el país", remarca la agencia de calificación, que cree que el país pondrá en marcha unos "presupuestos fiscales equilibrados" pese a las perspectivas de crecimiento más débiles en la zona euro.

LA INCERTIDUMBRE PLANEA SOBRE ESPAÑA

En lo que respecta a España, Scope reconoce que aunque el país ha crecido un 2% en 2019 y las previsiones apuntan que el PIB seguirá por encima de la media de la Eurozona, no se puede olvidar que el "persistente estancamiento político" ha impedido que se apliquen "reformas significativas" desde 2015, y eso ha afectado al ritmo de consolidación fiscal.

"El déficit estructural sigue siendo el más alto de la zona euro, en torno al 3% del PIB potencial, y el desempleo se está estabilizando justo por debajo del 14%. En consecuencia, la deuda pública de España, que es inferior a la de Portugal, situándose en torno al 97% del PIB, sigue una tendencia ligeramente descendente debido al crecimiento y a la disminución de los pagos de intereses", recuerdan estos expertos, que apuntan que el ritmo de reducción de la deuda es "significativamente más lento que el de Portugal y, lo que es más preocupante, es de naturaleza totalmente cíclica", por lo que ahora "también está sujeto a la incertidumbre" dadas las iniciativas políticas expansionistas impulsadas por el nuevo Gobierno.

Scope no es el primero que alerta sobre las políticas planteadas por el gabinete de Pedro Sánchez, que se ha visto obligado a acordar con Bruselas una nueva senda de déficit, sabedor de que sus propuestas para compensar el aumento de la partida de gastos (subidas de impuestos a las rentas altas, tipo mínimo de Sociedades para las grandes empresas o el impuesto sobre los servicios digitales, la llamada 'tasa Google') pueden no ser suficientes para mantener el equilibrio financiero y cumplir con las obligaciones contraídas con la Comisión Europea.

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