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El organismo de control de la gestión pública de El Salvador investigará una denuncia sobre el manejo del gobierno de las compras de bitcoin, que efectuó antes y después de la entrada en vigor de la 'cripto' como moneda de curso legal, y los posteriores cajeros automáticos de criptomonedas, según ha anunciado un grupo regional de derechos humanos.

El Tribunal de Cuentas, un organismo estatal por mandato constitucional responsable del control técnico y legal de la Hacienda Pública del país, recibió una queja el 10 de septiembre de la organización regional de derechos humanos y transparencia Cristosal, dijo el grupo. El organismo de control tiene la facultad de imponer sanciones administrativas y patrimoniales y de presentar oficios a la Fiscalía General de la República pidiendo que se adelanten procesos penales.

Cristosal solicitó una auditoría del proceso de autorización para la compra de bitcoins en virtud de su recién estrenada ley, informó 'Reuters'. El 6 de setiembre el Ejecutivo del presidente Nayib Bukele anunció la adquisición de 400 bitcoins, que después amplió, según él mismo confirmó vía Twitter.

El Salvador abrió un nuevo camino este mes tras reconocer oficialmente el bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense el 7 de septiembre.

La denuncia de Cristosal se hizo contra seis miembros de la junta directiva del Fideicomiso Bitcoin, que está integrada por miembros de los ministerios de Hacienda y Economía.

"Admitida la denuncia, se procederá a realizar el informe de análisis jurídico y, oportunamente, remitir dicho informe a la Coordinación General de Auditoría", dijo el organismo de control.

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