- El presidente del Gobierno da el primer paso de su hoja de ruta
- La propuesta de resolución al Parlamento de Cataluña tiene todas las características de una inaceptable provocación
- Ni la disolución de las cámaras ni el proceso electoral entorpecerán en absoluto la estrategia de respuesta
El presidente del Gobierno lo insinuó en su entrevista con Ana Blanco el pasado lunes: Rajoy vino a decir que el Gobierno sabe lo que ha de hacer en cada momento en relación con Cataluña, y ni la disolución de las cámaras ni el proceso electoral entorpecerán en absoluto la estrategia de respuesta.
Fuentes solventes han certificado que, en efecto, el Ejecutivo tiene perfectamente planificados y tasados desde hace tiempo los pasos que ha de dar en respuesta al envite independentista, que con toda evidencia se proponen llevar a cabo los integrantes de la lista unitaria “Junts Pel sí” y los radicales de la CUP, contraviniendo la Constitución.
La propuesta de resolución al Parlamento de Cataluña tiene todas las características de una inaceptable provocación
De momento, portavoces de ambas agrupaciones presentaron ayer una propuesta de resolución al Parlamento de Cataluña que ya tiene todas las características de una inaceptable provocación: tras constatar que en las pasadas elecciones se ha producido una amplia mayoría en escaños de las fuerzas parlamentarias independentistas y una mayoría en escaños y votos de fuerzas soberanistas (consideran que “Catalunya sí que es pot” es soberanista), declaran solemnemente “el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república”. Acto seguido, proclaman “la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo encaminado a preparar las bases de la futura constitución catalana”. A continuación, “como depositario de la soberanía y la expresión del poder constituyente, [el parlamento] reitera que este Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones del Estado español”. Finalmente, afirma que [el parlamento] “adoptará las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexión democrática, masiva, sostenida y pacífica con el Estado español”.
TÉRMINO 'DESCONEXIÓN'
Lo más llamativo es el recurso constante al eufemismo, y la invención del término “desconexión”, con el que seguramente se pretende lograr algo de decoro para una declaración montaraz, más propia de una república bananera que de ciudadanos de un Estado democrático.
Ha tardado pocas horas el presidente Rajoy en cubrir la primera etapa de su hoja de ruta
Pues bien: ha tardado pocas horas el presidente Rajoy en cubrir la primera etapa de su hoja de ruta: ha salido a los medios a formular la pertinente advertencia, para que nadie se llame a engaño: la propuesta de declaración ha sido 'un acto de provocación' y el Estado 'no renuncia al uso de todos los mecanismos políticos y jurídicos'. Su mensaje ha sido lacónico y claro. Ciertamente, no había más que decir en este caso, y así tenemos que reconocerlo incluso quienes le hemos reprochado su negativa a auspiciar acercamientos en el pasado, cuando todavía parecía posible recomponer la relación.
A continuación, la estrategia gubernamental prevé que, si persiste la provocación, se recurrirá el Tribunal Constitucional, que anulará los actos parlamentarios que resulten inconstitucionales. Y al menor síntoma de desacato, se pondrán en marcha diversos mecanismos sucesivos: la recién aprobada “Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho”, y, en su caso, el artículo 155 de la Constitución, que requiere un requerimiento previo al presidente de la Comunidad Autónoma que incumpliere las obligaciones que la Constitución y otras leyes le imponen.
COMUNICACIÓN CON PEDRO SÁNCHEZ
El plan –se afirma- está completamente perfilado, llega hasta la disolución temporal de la autonomía y prevé la toma de control por el Estado de los mossos d’esquadra, e incluso el recurso a la guardia civil si fuera necesario. Además, existe ya un canal de comunicación permanentemente abierto entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición, que han acordado íntegramente la estrategia.
Los independentistas catalanes están dispuestos a echarse al monte, sin contar con la firmeza del Estado ni con el seguro rechazo que encontrará su causa en la comunidad internacional, que no entenderá ni la violación flagrante de la legalidad democrática ni la osadía de quienes pretenden lograr la secesión con un apoyo social que no sólo no cuenta con el respaldo de una mayoría cualificada sino que ni siquiera alcanza el 50% de los votos, según el ‘plebiscito’ electoral que el propio Artur Mas ha organizado. Es evidente que el Estado y quienes están encargados de gestionarlo no pueden consentir este desmán, que puede ser calificado sin ambages de golpe de Estado y ha de ser reprimido por todos los medios legales.
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