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José Ignacio Goirigolzarri en el Congreso

Cada vez son más voces las que consideran que España habría evitado el derrumbe del sistema financiero y la crisis económica más grave de su historia moderna si en 2009 se hubiera inyectado fondos públicos de manera masiva en la banca, lo que se dio en llamar el "manguerazo". Ser rácano con los fondos públicos y tardar demasiado en tomar medidas también provocó el hundimiento del Popular.

La última de estas voces es de las más autorizadas: José Ignacio Goirigolzarri. El martes pasado, durante su comparecencia en la comisión de investigación de la crisis financiera en el Congreso, el presidente de Bankia incluyó en las lecciones aprendidas la necesidad de que "los fondos públicos que se inyecten sean suficientes para garantizar la viabilidad de las entidades" y que "el 'timing' sea rápido".

Es más, puso como ejemplo de buena resolución de la crisis el 'manguerazo' que dio Estados Unidos a todos sus grandes bancos, lo necesitaran o no: "El mejor ejemplo es el TARP americano [así se denominó al programa de inyección de dinero público]. Se puso en marcha solo tres semanas tras la quiebra de Lehman Brothers y obligó a los todos los bancos a aceptar esos fondos quisieran o no; por ejemplo, JP Morgan se resistió. Salió bien, se ha recuperado todo el dinero de forma rápida y dio una gran estabilidad al sistema".

En España, el gran defensor de imitar el 'manguerazo' norteamericano fue el entonces presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, que aconsejó también en el Congreso aprovechar la ventana de oportunidad que ofrecía la UE (había abierto la mano en las ayudas de Estado para rescatar a los bancos de Francia, Reino Unido, Holanda, Alemania, etc.) para hacer lo mismo en España. Pero las reticencias de las grandes entidades -como JP Morgan, creían que les estigmatizaría recibir fondos públicos- y el discurso del Gobierno de Zapatero -"tenemos el sistema financiero más sólido del mundo"- lo impidieron.

Las consecuencias de esa decisión son de todos conocidas. Después de varias inyecciones insuficientes del FROB, en 2012 España tuvo que pedir el rescate a la UE para poder inyectar fondos públicos de forma masiva a su sistema financiero, básicamente las cajas de ahorros. Un rescate que nos ha costado de momento 61.000 millones, según el Tribunal de Cuentas (y la mayor parte, precisamente por culpa de Bankia). Un coste que habría sido muy inferior si se hubiera actuado tres años antes.

LA HISTORIA SE REPITE CON EL POPULAR

Y como no aprendimos la lección, en 2017 la historia volvió a repetirse con el Banco Popular. De nuevo falló la racanería a la hora de inyectar dinero público (de hecho, no hubo nada de dinero público, que fue la premisa del ministro Luis de Guindos) y la rapidez para actuar: "Cuanto antes se actúe, mejor; hay que reconocer los problemas", dijo Goirigolzarri el martes. Y la caída del Popular fue consecuencia, principalmente, de la negativa a reconocer los problemas desde el estallido de la crisis en 2008, con la connivencia de su auditor, PwC, y del Banco de España.

Otra de las lecciones de la crisis que extrajo es aplicable tanto a Bankia como al Popular: "No se debe permitir la comercialización de productos de capital propio en las redes minoristas de la propia entidad". Como es conocido, las cajas que formaron Bankia vendieron preferentes y deuda subordinada a sus clientes minoristas porque los grandes inversores exigían un precio muy alto, alentados por el Banco de España. Y el Popular colocó también entre particulares las ampliaciones de capital de 2012 y 2016 ante la falta de demanda institucional.

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