- La Generalitat tiene competencias para organizar procesos de participación
- El consejo general de participación tutelará el proceso
- Mas quiere mantener la pregunta y Català avisa que se impugnará por el TC
El president de la Generalitat ha anunciado cómo será su nuevo plan para votar el 9 de noviembre, durante una comparecencia de prensa en la que ha dado los detalles imprescindibles, para evitar dar demasiadas pistas al Estado español.
La nueva consulta se plantea como un proceso participativo alternativo que se ampararía en la legalidad previa al decreto de la consulta anulado por el Tribunal Constitucional (TC).
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El precio que ha tenido que pagar Mas es la ruptura de la unidad de partidos pro consulta. Desde ICV, su coordinador, Joan Herrera, ya ha declarado que no secundarán esta nueva propuesta y han llamado a la movilización ciudadana. En general, las críticas le han llovido a Mas, llegando, en algunos casos a pedir su dimisión, como ha hecho el líder de Ciutadans, Albert Rivera.
Desde el Ejecutivo central, el ministro de Justícia, Rafael Català ha advertido que el Estado puede impugnar también esta nueva consulta.
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Qué contempla la controvertida alternativa de Mas. Pasamos a analizarlo:
MARCO LEGAL PREVIO A LA LEY DE CONSULTAS
La Generalitat tiene competencias para llamar a la participación ciudadana, aparte de la ley de Consultas aprobada en septiembre e impugnada por el TC. Aunque Mas no ha querido dar pistas para no “ponérselo fácil al Estado”, es muy probable que el Govern se acoja a un “concepto genérico de fomento de la participación ciudadana” para esquivar la prohibición del Estado y evitar un bloqueo judicial.
CONSEJO GENERAL DE PARTICIPACIÓN
El president también ha explicado que habrá una entidad encargada de tutelar todo el proceso: un consejo general de participación que velará por el correcto funcionamiento de la consulta, la votación y el recuento.
20.000 VOLUNTARIOS, ENTIDADES CIVILES Y AYUNTAMIENTOS
El president ha explicado que el 9 de noviembre se contará con la participación de voluntarios, de más de 900 municipios que ya brindaron su apoyo a la Generalitat y de entidades ciudadanas.
El Govern preparará toda la logística y contará con los ayuntamientos para facilitar la votación, pero el proceso se articulará a través de estos 20.000 voluntarios. Mas ha dejado claro que de esta forma se preserva a los funcionarios de la Generalitat, a quienes se ha querido proteger ante una eventual inhabilitación.
LOCALES, URNAS Y PAPELETAS
La votación se llevará a cabo en locales de la Generalitat. Mas ha explicado que el 9-N habrá “lugares de votación, urnas y papeletas”. Podrán participar todos los mayores de 16 años que lo deseen y podrá votar la misma gente que se había previsto que votara con el mecanismo anterior.
Ha destacado el president que la participación se extiende también aquellos catalanes en el extranjero que no reunían las condiciones según los criterios de la ley de consultas. Incluso ha indicado que podrán hacerlo los catalanes que viven en el resto del estado español pero que en su documento de identidad conste que residen en Cataluña.
REGISTRO Y RECUENTO
La votación funcionará mediante un registro en el momento de depositar la papeleta en la urna, de manera que no se pueda impugnar el censo que se use apelando a la ley de Protección de Datos.
Será imprescindible presentar el DNI y se contará con un mecanismo para votar dos veces.
El recuento se llevará a cabo y se anunciará el 10 de noviembre.
LA PREGUNTA
El aspecto más polémico de esta nueva votación y que puede dar problemas a la Generalitat es que quieren mantener el contenido exacto de la pregunta pactada por el bloque soberanista:
"¿Quiere que Catalunya sea un Estado?" y "En caso afirmativo, ¿quiere que Catalunya sea un Estado independiente?”.
El titular de Justicia, Rafael Català, ha avisado a Artur Mas que si la forma alternativa para preguntar a los ciudadanos catalanes el 9 de noviembre mantiene la misma pregunta sobre la independencia de Cataluña, el Estado también pedirá su impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC).
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