Los letrados del Congreso de los Diputados han confirmado que no hubo fallo informático en la votación de la reforma laboral que salió adelante con un voto erróneo del PP, en concreto, del diputado Alberto Casero.
"El voto del Sr. Casero fue válidamente emitido y produce plenos efectos. Tal y como ha quedado acreditado, no se produjo un fallo en el sistema de votación, debiendo imputarse a un error material del diputado que el voto emitido no coincidiera con la voluntad que se quería manifestar", afirman en el escrito.
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Confirman que tampoco resultó violentado el procedimiento de votación telemática, el cual se desarrolló "de conformidad con el régimen jurídico vigente", es decir, en relación con el artículo 82.2 del Reglamento, no en los términos del apartado cuarto de la Resolución de la mesa de 21 de mayo de 2012, es decir, mediante una llamada telefónica de la presidencia o algún miembro de la cámara, sino mediante el usuario y la contraseña de la intranet.
Insisten también en que el voto válidamente emitido, sea presencialmente o telemáticamente, es irrevocable, "lo que se deriva necesariamente que las votaciones, salvo error técnico", y en los casos que recoge el Reglamento, "no se repiten".
Asimismo, concluyen que la Mesa del Congreso no debía reunirse, como lo solicitó tanto el grupo popular como el diputado Casero, en virtud del apartado sexto de la Resolución de la Mesa de 21 de mayo de 2012. En él se recoge que el diputado que decida votar finalmente de forma presencial, siempre que sea autorizado por la Mesa, declarará nulo y no emitido el voto telemático.
También rechazan la petición de que se paralizasen los trámites asociados a la convalidación del Real Decreto de la reforma laboral, ya que el Congreso se pronunció de manera definitiva.
De esta forma, el informe de los letrados del Congreso resuelven la polémica generada el 3 de febrero durante la votación de la reforma laboral, en la que los dos diputados de UPN se saltaron la disciplina de voto de su partido, que había confirmado que apoyaría el cambio normativo del Gobierno.
