El acuerdo firmado este lunes entre los agentes sociales y el Gobierno para prorrogar los ERTE hasta junio no ha convencido al empresariado. Gran parte del tejido productivo considera que el pacto alcanzado por la CEOE es insuficiente y en el seno de la patronal se ha vivido una revuelta contra Antonio Garamendi por haber claudicado en cuestiones clave como la cláusula que obliga a mantener el empleo seis meses después de reiniciarse la actividad. La pírrica victoria, a ojos de muchos empresarios, que supone haber desvinculado los expedientes de regulación de empleo por causa de fuerza mayor del estado de alarma y la ampliación hasta el 30 de junio ha dejado muy mal sabor de boca, en especial en el sector del turismo y la hostelería, que considera que en julio tan sólo habrán empezado a andar tras la desescalada.
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Por este motivo exigen más y mejor. Demandan que, en las sucesivas revisiones que se efectuarán en virtud del acuerdo, se prorroguen los ERTE hasta finales de año, con el fin de salvarles de una ruina garantizada que, aseguran, deberán afrontar al menos los hoteleros. Así lo ha denunciado el Gremio de Hoteles de Barcelona, mediante un comunicado en el que expone las pésimas condiciones económicas y laborales a las que les aboca la medida. Además de una extensión durante todo 2020 reivindican eliminar “cualquier condición, especialmente la que obliga a las empresas a mantener los puestos de trabajo medio año después de retomar la actividad”.
En un país donde el turismo supone un 13% del PIB -emplea a 2,6 millones de trabajadores- y la hostelería otro 15%, de los casi cuatro millones de trabajadores que se han acogido a un expediente de regulación de empleo desde marzo, más de un millón pertenecen a empresas de estos segmentos, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por este motivo, el gremio barcelonés recuerda “la importancia que la industria turística tiene para el conjunto socioeconómico del país y advierte del “golpe mortal” que esta decisión supone para ellos. Reclaman que “se entiendan las circunstancias de la actividad turística y hotelera” que estarán “extremadamente afectadas”, como poco hasta finales de año.
Foment del Treball, la patronal catalana, también ha cerrado filas con las empresas turísticas y ha planteado alargar los ERTE, y las bonificaciones de cotizaciones a la Seguridad Social aprobadas excepcionalmente por el Gobierno a mediados de marzo. En Cataluña, el turismo representa el 12% de la riqueza de esta región y ya hay más de 600.000 trabajadores en situación de regulación de empleo, gran parte pertenecientes a esta industria.
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En otras regiones como Baleares, con alta dependencia de la actividad turística y hotelera, un total de 141.000 trabajadores también se benefician de la protección de un ERTE, según datos del Govern balear. El Ejecutivo de Francina Armengol ha garantizado que se ampliarán estas condiciones lo que haga falta para “evitar la descapitalización de empresas y reforzar la protección de miles de trabajadores y trabajadoras”. En Andalucía, con cerca de medio millón de trabajadores en situación de ERTE, los empresarios también reclaman una extensión hasta finales de año.
En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, ha cargado con dureza contra la “falta de sensibilidad de la CEOE”. Es más, durante una entrevista en Onda Cero, el pasado fin de semana, consideró que se ha excluido manifiestamente al turismo del acuerdo. No le convence la puerta medio abierta que señala el texto, al contemplar que se estudie, en su momento, otra posible prórroga –de los ERTE- “en unas condiciones bastante peores de las que ha habido ahora”.
El Gobierno, los sindicatos y la patronal han rubricado el documento que da un tiempo muerto extra a los empresarios y la posibilidad de seguir ampliando estas prerrogativas si persisten restricciones de actividad por razones sanitarias llegada esa fecha. Pero esta es casi la única concesión de la que se puede vanagloriar la patronal, según critican fuentes consultadas. El Gobierno ha impuesto su criterio al no dejar caer la cláusula sobre los despidos y otras condiciones como que las empresas no puedan tener domicilio en paraísos fiscales ni pagar dividendos.
Estar al borde de un concurso de acreedores es una de las condiciones por la que se permitirán despidos antes del medio año que estipula el borrador de Real Decreto-ley. Asimismo, se contempla una flexibilización, ya que el cómputo de seis meses empezará a contar desde la incorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE, aun cuando éste sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla. Por último, y como añadido 'in extremis', figura una cláusula tercera en la que se afirma que "este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo". Un alivio para la industria turística.
Por otra parte, sí se facilitará la transición de ERTE de fuerza mayor a ERTE por causas organizativas, técnicas, económicas o de producción. A los ERTE por causas organizativas, económicas, técnicas o de producción que se inicien tras la entrada en vigor de este nuevo decreto y hasta el 30 de junio les serán de explicación las características especiales establecidas en la regulación del 17 de marzo. Se permitirá además que estos últimos se tramiten mientras estén vigente un ERTE de fuerza mayor.
El decreto crea una comisión de seguimiento tripartita de proceso de desconfinamiento que estará integrada por el Gobierno y los agentes sociales y que se reunirá con carácter ordinario el segundo miércoles de cada mes. El objetivo de esta comisión será el de realizar un seguimiento de las medidas adoptadas en el ámbito laboral "durante la fase de excepcionalidad atenuada", intercambiar datos y efectuar propuestas.
Será esta comisión tripartita, que se reunirá de manera ordinaria el segundo miércoles de cada mes, la que decidirá qué sectores necesitarán seguir con (ERTEs más allá del 30 de junio.