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El próximo mes de noviembre, se celebrará en la ciudad de Glasgow (Reino Unido) la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) de 2021. Pero, previo a ese evento, los economistas Luke Bartholomew y Paul Diggle han analizado el papel de los bancos centrales en la lucha medioambiental.

En un estudio encargado por el Banco Central Europeo (BCE), se ha expuesto que dichas entidades ya se encuentran considerando su tarea para cumplir los objetivos climáticos. El plan de acción de la institución comunitaria señalaba una serie de acciones más radicales para mediados de 2022, aunque a corto plazo esos cambios serán relativamente modestos.

El argumento más sólido a favor de la participación de los bancos centrales contra el cambio climático consiste en promover las prioridades políticas de los gobiernos. Puesto que para paliar este problema resulta esencial usar los recursos dados por las normativas públicas para cumplir con los objetivos climáticos de cada nación.

Bartholomew y Diggle han propuesto tres herramientas con las que los autoridades bancarias podrían ayudar en la lucha medioambiental.

  • Hacer análisis más exhaustivos en los procesos de previsión económica y de inflación mediante el estudio los impactos del cambio climático, los riesgos físicos y financieros, y los escenarios alternativos. La tarea de observar los efectos del calentamiento global se realiza con más de tres años de previsión, con lo cual sería idóneo incluir marcos climáticos más sofisticados en los test de estrés de las instituciones, aumentando así la importancia de la lucha medioambiental para los resultados económicos y de mercado a largo plazo. Ello requeriría que dichas entidades bancarias tuvieran experiencia previa para llevar a cabo este tipo de ejercicios y para dicho fin el plan de acción impulsado por el BCE ha previsto en su primer año desarrollar esas prácticas.
  • Una manera más radical que la del primer planteamiento sería la opción de ajustar la valoración, también nombrado como 'haircut', de un activo usado como garantía de préstamo, basándose en una puntuación climática. Se justificaría ya que los bancos centrales tienen mayor riesgo en los activos financieros definidos como "marrones" que en los "verdes", y por tanto un mayor "recorte" se calificaría como una medida prudente. Así se conseguirían mejores resultados sostenibles debido a la demanda relativa que recibirían los bancos comerciales gracias a este tipo de valores, en el caso de que los activos menos sostenibles fueran menos útiles como garantía.
  • Y, por último, la tercera herramienta que podrían usar dichas instituciones sería establecer requisitos de capital diferenciales para las actividades de préstamo de los bancos en función de criterios ESG. Por lo que pedir una posible ayuda para una empresa o para un proyecto verde presentaría menos condiciones que a otra clase de compañías, reduciendo el coste del capital para este tipo de actividades y fomentando así los créditos que ayuden a la transición energética.

No obstante, como han señalado estos economistas, el papel de los bancos centrales no podrá ser sustituto de la acción llevada a cabo por los gobiernos de cada país, cuyos planes deben ser de carácter mucho más amplio.

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