¿Tenía Orcel un contrato en firme con Santander? Las claves del pleito del año

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Fuentes cercanas a los asesores de Orcel explican que, en la carta de oferta firmada por este y el secretario del consejo del Santander, Jaime Pérez Renovales, en septiembre se estipulaba que ambas partes podían poner fin a la relación sin necesidad de aducir ninguna causa. Pero eso implicaba, en el caso de que fuera el banco el que rompiera, tener que renunciar a los 17 millones en efectivo de prima de fichaje ('sign-on bonus') que había acordado con el banquero italiano, así como a otros 35 millones en acciones como compensación al salario diferido al que renunciaba en UBS, según su versión.

Para ahorrarse esas cantidades, Ana Botín adujo una causa para la ruptura del compromiso: el cambio de las condiciones del fichaje (cambio de las bases del negocio, en términos jurídicos) derivado, teóricamente, de la negativa de UBS a hacerse cargo del salario diferido de unos 55 millones que había devengado su hasta entonces consejero delegado.

¿CONTRATO U OFERTA PROVISIONAL?

Este es uno de los puntos clave del pleito, aunque antes de llegar ahí el juez de primera instancia de Plaza de Castilla (Madrid) debe determinar qué fue lo que firmaron Renovales y Orcel. Según los numerosos asesores del banco, encabezados por Uría Menéndez, se trató de una mera 'offer letter' provisional que estaba sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones, como que UBS se hiciera cargo de los 55 millones; como no se cumplieron, quedó sin efecto (causa justificada según el banco) y, por tanto, no debía indemnizarle.

Según los asesores del italiano, dirigidos por el bufete De Carlos Remón, esta carta tiene valor contractual, lo que obliga a su cumplimiento en cualquier caso. "En derecho español, un contrato puede tener cualquier forma, incluso verbal o un apretón de manos", explican las fuentes consultadas. Los asesores de Orcel respaldan su postura con que, sin tener un contrato firmado, él no habría abandonado UBS. Y con que el Santander aprobó su nombramiento como miembro del consejo por cooptación (sin necesidad de ser aprobado por la junta de accionistas) el 25 de septiembre, tras pasar por la comisión de nombramientos y retribuciones.

¿SE PODÍA ROMPER SI UBS NO PAGABA?

Una vez clarificado si es un contrato o no, la cuestión es si hubo una causa justificada para su ruptura / no entrada en vigor. Santander sostiene que la oferta estaba sujeta al buen fin de las negociaciones con UBS para que se hiciera cargo del salario diferido al que tenía derecho; cosa que UBS no hizo al considerar que Santander es un competidor.

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Por el contrario, Orcel asegura que la famosa carta de oferta / contrato establece que el Santander se haría cargo de "un máximo de 35 millones" en acciones del banco para compensar la retribución diferida; es decir, si UBS aceptaba pagarle 30, el Santander tendría que poner 5. Como la entidad suiza no asumió ninguna cantidad, la española debía hacer frente íntegramente a los 35.

Así se recoge en el documento que ha revelado este mes Vozpópuli, y que demostraría que Ana Botín conocía desde septiembre las cantidades a que debía hacer frente para fichar a Orcel. Pero, debido a un cúmulo de circunstancias entre las que se encuentran la mala imagen de un fichaje tan caro y sus posible repercusiones en la opinión pública y en el 'caso Popular', decidió dar marcha atrás. Y esgrimió como causa "la modificación, tras las negociaciones mantenidas, de las bases sobre las cuales el consejo adoptó la decisión de designar al Sr. Orcel y la imposibilidad de que los costes de compensar a éste por sus remuneraciones pasadas excediesen los tenidos en cuenta al acordar el nombramiento".

Un problema al que se enfrenta el Santander en este pleito es que es preso de estas palabras. Y si Orcel logra demostrar que no son ciertas, tendrá una posibilidad de lograr lo que nadie ha conseguido en España: vencer a los Botín en los tribunales. Por ello, y ante la ausencia de un 'separation agreement' que fije una indemnización en caso de desistimiento, no solo pide los 52 millones íntegros, sino una compensación equivalente a cinco años del salario pactado con Pérez Renovales (10 millones al año), lo que eleva su exigencia a 102 millones.

En todo caso, la parte perdedora recurrirá el fallo y el asunto no se resolverá definitivamente hasta que llegue al Supremo, para lo que pueden transcurrir varios años.