Cuando Emilio Saracho puso un pie por primera vez en Popular ya sabía que el banco no pasaba por su mejor momento, pero lo que no se imaginaba era que tendría que lidiar con lo que allí se encontró. Entre los salvavidas que ideó para sacar a flote la entidad se encontraba realizar retasaciones a los activos inmobiliarios que tenía Popular en su balance con la confianza de que incrementarían el valor del banco. Saracho esperaba que esta iniciativa trajera “buenas noticias” para el futuro de la entidad, pero no fue así en absoluto. A principios de junio de 2017 ni siquiera había concluido el proceso de retasaciones y en tan solo unos días Popular dejó de existir como entidad independiente.
Saracho, al tiempo que intentaba vender a otra entidad Popular al considerar que era difícil sacarla a flote, encargó a la consultora JLL una retasación de los 40.000 activos inmobiliarios que arrastraba por impagos de clientes. Quería que esta iniciativa trajera una “buena noticia” al banco, según explicó el expresidente de Popular al juez José Luis Calama Teixeira, el instructor del caso Popular, durante la primera sesión de su declaración como investigado, que se alargó durante cinco horas.
El exbanquero de inversión confiaba en que el mercado inmobiliario se estaba animando, lo que le daba esperanzas que de el banco aumentase su valor de cara a lanzar una ampliación de capital o una venta a otro banco. Pero no fue así. De hecho, el proceso ni siquiera llegó a concluirse, puesto que la precipitada crisis de liquidez de banco desencadenó la resolución y la posterior subasta y venta de la entidad a Santander.
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Sin embargo, otras fuentes explican que la intención del expresidente de Popular era conocer el verdadero valor de los activos que tenía el banco una vez que constató a su llegada, tras hablar con la directora de Riesgos, Carmen Riveras, nombrada apenas unos meses antes, que en la entidad no conocían la cuantía de las provisiones que eran necesarias.
Saracho se sometió el miércoles a la primera parte de un incisivo interrogatorio que debe afrontar como imputado en el caso. En la primera de las dos sesiones previstas para su declaración fue cuestionado en múltiples ocasiones por el magistrado, que, según destacan varias fuentes jurídicas, se ha preparado muy bien el caso que comenzó a instruir Fernando Andreu. También tuvo la oportunidad de iniciar su cuestionario el fiscal del caso, que debe concluirlo este jueves.
El magistrado quiso conocer la experiencia de Saracho en el banco desde antes de su incorporación. De hecho, en las primeras dos horas de declaración ni siquiera llegó a plantear cuestiones sobre su presidencia. En ese tiempo, lo que llegó a explicarle es que la economista y novelista Reyes Calderón, exconsejera del banco, fue la que le propuso presidir una empresa del Ibex 35, sin especificarle cuál.
Saracho en un primer momento se negó, pero finalmente terminó aceptando, según explicó en el Congreso, al verse presionado. Entre las personas que le convencieron se encuentra Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Ya en diciembre de 2016 sabía que se incorporaría al banco y hasta que Ángel Ron salió oficialmente de la entidad, el 20 de febrero posterior, ambos se reunieron en un par de ocasiones. En esos encuentros, su antecesor le puso al corriente de que el banco se encontraba en mala situación, pero sin entrar al detalle. Fue cuando inició su presidencia cuando pudo conocer de primera mano cómo se encontraba el banco a base de hablar con los técnicos, según cuentan fuentes jurídicas que le explicó al juez. En ese momento fue cuando se dio cuenta de que era necesario rehacer las tasaciones.
La iniciativa de retasar los activos inmobiliarios del balance de Popular fue una de las tablas de salvación a las que quiso agarrase Saracho. Él defiende, y así lo hizo ayer ante el juez, que hizo lo correcto, lo que pudo, dada la situación en la que se encontraba el banco. Que tenía pocas buenas noticias que dar y que las intentaba dar como podía, dice Saracho. Precisamente, una de sus declaraciones más polémicas tuvo lugar en la única junta de accionistas de Popular en la que intervino, cuando ante la asamblea declaró que el banco estaba “abocado” a realizar otra ampliación de capital o a venderse.
UN SARACHO MÁS CALMADO
Durante su declaración del miércoles, Saracho no quiso ser tan agresivo como se mostró durante su declaración en el Congreso de los Diputados de julio de 2018, al que acudió citado por la comisión que investigaba la crisis financiera, el programa de asistencia y la quiebra de las cajas de ahorro. Era la primera vez que se sometía a la opinión pública tras la resolución de Popular. Fue incluso “comedido”, aunque hizo uso de su habitual “locuacidad”, como lo describen fuentes jurídicas, especialmente en relación con Ángel Ron, al que no responsabilizó de nada directamente.
Cree que la ampliación que lanzó Ron en 2016 se quedó corta porque solo sirvió para cubrir deuda
A quien sí acusó con firmeza fue al ex consejero delegado de Popular Francisco Gómez. Le responsabilizó de estar detrás de la orden de financiar a los clientes las compras de acciones en la ampliación de capital de 2016. Gómez dejó de ser el número dos de Ron tras completar esta operación, pues salió del banco expulsado y con una millonaria prejubilación.
Con todo, su tono delante del juez ha sido mucho más calmado que el mostrado durante su declaración en el Congreso. En aquel momento se mostró mucho más agresivo al comentar la situación del banco y, sobre todo, la gestión de Ángel Ron. Entonces dijo de Popular que era “una caca”, “gaseoso” y “el mayor problema en banca que había en Europa”. De Ron comentó que pudo estar a los mandos de Popular durante más de una década gracias a la “prestidigitación reguladora supervisora”.
Saracho mantuvo el tipo el miércoles incluso cuando un perjudicado por la resolución de Popular increpó al expresidente del banco, insultos incluidos, generando un clima de tensión que se alargó mientras el exbanquero abandonaba las dependencias de la Audiencia Nacional escoltado por un ejército de abogados.
LA AMPLIACIÓN DE 2016 SE QUEDÓ CORTA
Aunque Saracho fue presidente a partir de febrero de 2017, durante su declaración ante el juez se refirió a la ampliación de capital que su antecesor dirigió en mayo de 2016, de la que cree que se quedó corta porque solamente se dedicó a cubrir deuda.
Saracho declaró ante el juez que Popular necesitaba a principios de 2016 una inyección de unos 8.000 millones de euros, según informan fuentes presentes en la comparecencia. Por eso, la ampliación de capital que lanzó en mayo de ese año por unos 2.500 millones de euros, se quedó considerablemente corta.
