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"Me parece que es lo que debería ser". Con estas palabras justifica el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, que la entidad reclame a la Agencia Tributaria 1.000 millones de euros por los créditos fiscales (DTA) de Popular como derecho generado por las pérdidas registradas por la entidad en el ejercicio 2017.
Como ha explicado este miércoles durante la presentación de los resultados semestrales de Santander, el sistema fiscal que rige en España contempla la posibilidad de que Hacienda haga una devolución a través de un crédito fiscal a las entidades que incurren en pérdidas. "Ocurre como empresas y como individuos, es la situación del sistema financiero español hoy", ha aclarado.
Por ello, el número dos del banco que preside Ana Botín ha defendido que Santander haga uso de este derecho, que anunció la pasada semana el vicepresidente de la entidad, Rodrigo Echenique, durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el programa de asistencia y la quiebra de las cajas de ahorro. “Tenemos previsto pedir 1.000 millones de euros y la autoridad tributaria decidirá si es vía pago o vía compensación”, adelantó.
"El sistema financiero español durante la crisis ha bajado de 1,8 billones en créditos a 1,3 billones. La mitad se han repagado y la mitad se han perdido. Esto ha generado pérdidas al sistema financiero y vuelve a través de DTA", ha ampliado Álvarez. En su opinión, si ahora se eliminara ese derecho, es decir, si "se revisa el pasado", la seguridad jurídica "sería baja".
LA INTEGRACIÓN OPERATIVA EMPEZARÁ EN NOVIEMBRE
El consejero delegado de Santander ha adelantado que la integración operativa de Popular comenzará en noviembre, después de que el banco obtenga las pertinentes autorizaciones para la operación y culmine la integración legal de la entidad absorbida en junio del año pasado.
"Se empezará en noviembre a volcar las oficinas de Popular en los sistemas informáticos de Santander. Esto llevará unos meses, probablemente hasta junio del año que viene", ha dado a conocer Álvarez. La entidad comenzará entonces a plantearse los necesarios ajustes de la red comercial y de su plantilla, tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que puso en marcha hace unos meses en los servicios centrales.
De acuerdo con Álvarez, se llevará a cabo un análisis "muy detallado" y "caso por caso" de las oficinas de ambas entidades con el objetivo de "no generar disfunciones" en la red.
