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Sacyr está aún analizando si emprende una acción de responsabilidad social contra el empresario José Moreno Carretero, su tercer accionista con el 8,1% de su capital, un año después de que la junta del grupo aprobara cesarlo como consejero por plantear demandas contra la compañía.
Así lo indicó el presidente del grupo, Manuel Manrique, si bien aseguró que las guerras internas se han "superado". "El grupo tiene un consejo unido y trabajando en la misma dirección", aseguró. No obstante, reveló que este máximo órgano de gestión tiene encima de la mesa el resultado de un "informe pericial financiero" que se ha realizó sobre la actuación de Moreno Carretero.
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"Se está pensando en qué hacer y cómo actuar, seguimos el mandato que la junta del pasado año nos dio", indicó Manrique sobre la decisión de última asamblea de promover la referida acción de responsabilidad social. El pasado año, Moreno Carretero planteó puntos adicionales al orden del día de la junta pidiendo más medidas de buen gobierno y la separación de la figura del presidente y el consejero delegado. Además, llevó al grupo a los tribunales por los cambios realizados en el reglamento del consejo.
El consejo de Sacyr acordó entonces proponer a la junta que se cesara a este también empresario de la construcción del puesto de consejero que ocupaba y emprender dicha acción de responsabilidad. Según Manrique, tras aquella asamblea, el grupo contrató a un despacho de abogados que junto al departamento jurídico de la empresa comenzó a analizar este proceso y, para ello, encargó el referido informe pericial cuyo resultado actualmente analiza el consejo.
MULTA DE LA CNMC
Tras la junta de accionistas, el presidente de Sacyr también aseguró que la compañía "hará todo lo que esté en su mano" para "resarcir la reputación del grupo" que considera se ha visto dañada después de que una de sus filiales fuera incluida en la 'macromulta' que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso recientemente a un grupo de empresas por considerar que se habían repartido contratos de electrificación del AVE.
Manrique indicó que su filial Neopul no logró ninguno de los contratos del periodo al que se refiere la denuncia (entre 2000 y 2014) y que la única obra lograda es posterior a esa fecha y se consiguió ofertando a la baja. Sacyr aprovechó además la junta para anunciar que el próximo mes de septiembre se mudará a la nueva sede, un inmueble situado en la calle Condesa de Venadito, en la confluencia entre la M-30 y la A-2, tras quince años en el edificio del Paseo de la Castellana de Madrid.
RESOLUCIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ
Sacyr espera que en la primera mitad del próximo año se resuelva una de las mayores reclamaciones que disputa en arbitrajes internacionales por los sobrecostes que afrontó en la construcción del nuevo Canal de Panamá, que ascienden a un total de 5.200 millones de dólares (unos 4.600 millones de euros). Se trata del importe de 463,1 millones de dólares (unos 400 millones de euros) que pide al país centroamericano por los problemas técnicos que surgieron respecto al basalto y las fórmulas de hormigón empleadas en la obra.
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Así lo indicó el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, quien aseguró que la importancia de esta resolución es "más cualitativa que cualitativa". "La línea en la que el tribunal de arbitrajes de Miami se pronuncie en este primer gran contencioso será piedra angular y marcará tendencia para el resto", explicó ante la junta de accionistas de Sacyr.
En el plano cuantitativo, indicó que en caso de resolución favorable, el importe pasará a engrosar la caja del grupo, toda vez que a primeros de este año terminó de pagar lo que debía a Panamá por los anticipos que en su día recibió para ejecutar la obra.
El total de reclamaciones y los 400 millones que se dirimen el próximo año son referidos al conjunto del consorcio de empresas que construyeron el Canal, que Sacyr lidera con una participación del 41,6%, con lo que obtendría la parte correspondiente. En cuanto al resto de reclamaciones del grupo y sus socios en el consorcio (la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la local Cusa), Manrique indicó que su proceso de arbitraje va más lento, por lo que su resolución puede demorarse hasta el horizonte de 2022 ó 2023.
Entre ellas, figura la relacionada con las compuertas instaladas en las nuevas esclusas del Canal, una de las principales partes del proyecto, por las que el consorcio de Sacyr pide 593,9 millones de dólares (unos 525 millones de euros). Durante su intervención ante la junta de accionistas de Sacyr, su presidente manifestó su confianza en recuperar una "parte relevante" de estas reclamaciones. "Esperamos que en este asunto sólo tengamos buenas noticias en el futuro", indicó.
La última estimación que la firma independiente DFL Associate realizó al consorcio sobre el importe que "razonablemente" se podría recuperar fue de 2.057,8 millones de dólares (unos 1.837 millones de euros) el 40% del total que se pide.
FIN DEL CONTRATO
Sacyr empieza a atisbar la resolución de estas reclamaciones mientras que este mes de junio pone fin a la relación contractual que tiene con Panamá desde que en 2009 se hizo con la emblemática obra, que está en servicio ya desde 2016, toda vez que concluye el posterior periodo de tres años de mantenimiento.
En este sentido, Manrique aseguró que el contrato concluye sin incidencia alguna, después de que en estos tres años cruzaron por el nuevo canal unos 6.500 barcos. "Sacyr ha realizado con éxito total la obra más complicada y emblemática del mundo", destacó.
