Es el mercado clave de Telefónica en América Latina. El único al que da prioridad en ese continente. De hecho, Brasil está, junto a España, Francia y Reino Unido entre los únicos países donde va a concentrar su estrategia a futuro, dejando la puerta abierta a su salida o a la búsqueda de socios en los otros ocho países latinoamericanos donde opera. Ahora, sus operaciones en Brasil se ven empañadas por las investigaciones que ligan a su filial Vivo con uno de los mayores casos de corrupción política, Lava Jato.
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Se trata del mismo caso que ha llevado a los tribunales al expresidente del Gobierno brasileño Luiz Inacio Lula da Silva. Una red de favores, que afecta a diferentes sectores, empresas y políticos y que ahora salpica al mercado de las telecomunicaciones y no solo a Vivo, también a su competidora Oi.
El origen del caso Lava Jato se remonta a 2014. Fue entonces cuando se desveló una trama que utilizaba redes de estaciones de servicio y lavado de vehículos (Lava Jato significa lavado a presión) para ‘limpiar’ dinero obtenido al margen de los cauces legales. Pero los hilos han llegado mucho más allá de las estaciones de servicio y salpicado a las instituciones más altas, llevándose por delante, por ejemplo, la presidencia de Dilma Rousseff.
EL HIJO DEL EXPRESIDENTE
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En el caso de las investigaciones vinculadas a la operadora española, según la información publicada la pasada semana por la Fiscalía y recogida por Europa Press, se ordenó el registro de sus oficinas con el objetivo de ver si había irregularidades y movimientos financieros entre una filial de Vivo y Editora Gol, que habrían sido realizadas entre los años 2014 y 2016.
Detrás de esta editora (y la firma Gamecorp) estaría Fábio Luis Lula da Silva, hijo mayor del expresidente Lula da Silva. En este caso, los presuntos pagos irregulares asecenderían a los 40 millones de reales brasileños (algo más de 8 millones de euros). En este caso, la filial de la operadora ha respondido asegurando que ha proporcionado a las autoridades toda la información que le han solicitado y que cooperará con ellas. "Telefónica reitera su compromiso con altos estándares éticos de conducta en toda su gestión y en los procedimientos", aseguró.
En el caso de su rival Oi los pagos serían más altos, ascenderían a 132 millones de reales. “Las investigaciones indican que las compañías del grupo Gamecorp/Gol no tenían mano de obra y activos compatibles con la provisión efectiva de servicios para los cuales fueron contratados por Oi [a través de su filial Telemar]”. Es decir, que no habría contraprestación para justificar estos pagos.
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Estos últimos acuerdos habrían servido al hijo mayor de Lula da Silva para financiar la compra de la propiedad Atibaia. Es uno de los casos de corrupción en los que está envuelto el expresidente. Hace un mes, ‘Lula’ salió de presión a la espera del fallo del Tribunal Supremo Brasileño por dos condenas de corrupción, que suman más de 20 años de cárcel. En 2017, el representante del Partido de los Trabajadores fue condenado, primero, a nueve años y medio cárcel por aceptar un piso de lujo a cambio de favores concedidos a la constructora OAS. Una condena que rebajó hasta ocho años y diez meses.
Después, en febrero de este año, el expresidente fue condenado por las obra que esta misma constructora y Odebrecht (la empresa detrás de la mayoría de los últimos casos de corrupción de América Latina) habrían realizado en la citada finca rural de Atibaia.
Sin embargo, el proceso está lejos de acabar porque ‘Lula’ reclama la nulidad de este procedimiento. Alega la supuesta parcialidad del juez a cargo del mismo, Sergio Moro, el actual ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro.
