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Naturgy está a punto de cerrar la primera gran operación desde que Francisco Reynés llegó a la presidencia. Será la compra de la participación de Cepsa en el Medgaz, el gasoducto que une España con Argelia, clave en el suministro de la Península. La adquisición, sobre la que se especula desde hace meses, puede no ser un camino de rosas. Al contrario, al margen de los flecos de cualquier transacción, la operación acabará en los despachos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que marcará las condiciones que estime necesarias y, si pone restricciones, abriría una nueva batalla con las empresas del sector, en este caso, con Naturgy.

La operación en sí va a conllevar que Naturgy eleve su participación desde el 15% actual que tiene del Medgaz hasta rebasar la barrera del 40%. Se trata de una operación a tres bandas ya que Cepsa dividiría el 42% que actualmente posee en Medgaz entre Naturgy, Sonatrach (la compañía argelina, accionista de referencia del gasoducto) y Mubadala (el fondo soberano de Abu Dabi), en una operación valorada en 500 millones de euros.

Falta concretar los últimos flecos que, según fuentes del sector, podrían cerrarse en las próximas semanas, y que definirán la estructura accionarial del futuro Medgaz. Será entonces cuando la operación caerá en terreno de la CNMC.

EL PODER DE LA CNMC

El organismo regulador intervendrá en virtud de la Ley del Sector de Hidrocarburos, que data de 2006. Esta le otorga la potestad de tener que autorizar la adquisición de participaciones de sociedades no sólo de actividades reguladas, también aquellas que lleven implícito el “almacenamiento de gas natural o de transporte” de éste “por medio de gasoductos internacionales que tengan destino o tránsito en el territorio español”. Así lo explicaba hace poco más de una década la Comisión Nacional de la Energía (ahora integrada en la CNMC) en un caso similar, cuando tuvo que valorar la compra del 36% de Medgaz por Sonatrach.

Entonces, recordaba que tenía competencias sobre este tema porque se trataba de un activo estratégico y que estaba entre sus objetivos garantizar “la seguridad y calidad del suministro” y la “disponibilidad física ininterrumpida de productos y servicios en el mercado a precios razonables”.

En aquella operación, la CNE abrió tanto una disputa empresarial como legal, porque las condiciones que marcó acabaron en los tribunales. Entonces, la CNE se reservó el derecho de veto y de revocación de los acuerdos que determinara el consejo de administración de Medgaz, cuando mediara el voto de Sonatrach. Unos meses después, el Ministerio de Industria eliminó esas restricciones. Posteriormente, continuaron las disputas en los tribunales tanto por la idoneidad de esas condiciones como por los peajes que se impusieron por el uso de la instalación. Las disputas marcaron un punto y seguido en 2013, cuando la entonces Gas Natural Fenosa desembarcó en el accionariado del Medgaz con el 10%, que ahora (ya como Naturgy) elevará por encima del 40%.

OTRA VÍA DE AGUA ENTRE EMPRESAS Y REGULADOR

De abrirse una nueva disparidad de criterios, esta se sumaría a la ‘pelea’ que ya mantiene Naturgy, junto a otras empresas del sector, por la nueva regulación que quiere marcar el organismo presidido por José María Marín Quemada. En concreto, la CNMC quiere fijar un recorte millonario a lo que cobran las compañías por el uso de su red de gas.

Un recorte estimado en 6.000 millones de euros que, según el sector, pondría en peligro la viabilidad de inversiones clave para el futuro de la red. De hecho, esta propuesta de regulación ha abierto también un choque entre la CNMC y el Ejecutivo, actualmente en funciones. En concreto, el Ministerio de Transición Ecológica encabezado por Teresa Ribera calificó la propuesta del regulador de “falta de prudencia financiera y de no respetar las orientaciones en política energética”.

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