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Francisco González, presidente de BBVABBVA

El nuevo presidente de BBVA, Carlos Torres, ha asegurado que su antecesor, Francisco González (FG), "no sabía nada de las irregularidades de las que se habla en las noticias", en referencia a las escuchas ilegales encargadas al excomisario Villarejo. "He hablado con él y transmite una conciencia muy tranquila", ha añadido. Torres sostiene que no le corresponde pedirle la dimisión, pero también ha advertido de que "habrá tolerancia cero sin contemplaciones" en función de los resultados de la investigación en curso. Asimismo, ha atacado a los medios que publican "cosas que no son verdad o simples conjeturas como si fueran hechos comprobados".

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"Estamos hablando de hechos no constatados, no hay que precipitarse ni prejuzgar", ha sostenido Torres, para justificar su postura de no exigir responsabilidades a FG hasta que no concluya la investigación externa dentro de varios meses, a pesar de las presiones del BCE y el Gobierno. Y ha asegurado que él cree a FG porque "ha demostrado que es una persona de principios; es lo que me transmite y yo le creo". Asimismo, ha negado que vaya a pedir su dimisión si se demuestra lo contrario: "No soy quién para pedir la renuncia de nadie, no me corresponde"

Pese a ello, también ha afirmado que, "de ser ciertas las noticias publicadas desde 9 de enero que tiene que ver con BBVA y otras empresas y personalidades, serían cuestiones muy graves, deplorables, que son diametralmente opuestas a lo que este banco representa, los valores y la ética que siempre han caracterizado a BBVA". Por eso, si se demuestran las escuchas ilegales del excomisario, ha prometido "tolerancia cero con los resultados sin contemplaciones en función de lo que salga".

Dentro de esas posibles medidas ha reconocido que puede dejar a González sin parte de la retribución variable que aún le falta por percibir e incluso puede exigirle la devolución de emolumentos que ya ha recibido gracias a la cláusula 'clawback' que tienen todas las entidades financieras se acuerdo con la normativa europea.

El presidente del banco ha sido también tajante en que "González planificó su salida del banco con muchísimo tiempo, lo dijo en público, y puedo atestiguar que no tiene nada que ver con las noticias que salen a partir del 9 de enero".

"A día de hoy, no se ha constatado que sean verdad esa noticias", según torres, que ha aprovechado para atacar a algunos medios de comunicación: "Se están diciendo muchas cosas adicionales que en muchos casos no son verdad y en otros son conjeturas, y empiezan a darse por verdad cosas que están lejos de ser constatadas. Hay juicios de valor que se intercalan con cosas constatadas dándoles apariencia de que son verdades constatadas cuando no lo son". "Es momento de investigar, no de prejuzgar, de esclarecer cuanto antes pero sin conclusiones precipitadas. Mucha gente está haciendo conclusiones precipitadas".

En ese sentido, ha advertido que "tomaremos responsabilidades que correspondan en un sentido u otro, porque el banco derecho de pedir responsabilidades si todo lo que se está diciendo resulta ser falso".

Para evitar las conclusiones precipitadas, BBVA pretende esperar a que concluya la investigación encargada a Garrigues, Uría y PwC, pese a las fuertes presiones por parte del BCE, el Gobierno, el Banco de España, la CNMV e incluso algunos accionistas del banco. Una investigación que se decidió a raíz de las noticias que empezaron a publicarse el 9 de enero porque antes no se había encontrado ninguna evidencia de escuchas o seguimientos.

EL BANCO NO HA ENCONTRADO NINGUNA PRUEBA

Torres ha hecho un relato de las acciones adoptadas por el banco, que comienzan con las noticias de mayo 2018 que hablaban de pagos BBVA a Cenyt. "Los servicios del banco empiezan una investigación interna ordinaria de las muchas que se hacen. El alcance se centraba en investigar la relación contractual, pagos y facturas. Con la complejidad de que se remontaba a 15 años atrás. Se contrata la colaboración de Garrigues. Se comprueba en esa fase que Cenyt había prestado diversos servicios, pero no se ha encontrado hasta la fecha ningún documento que refleje seguimiento o intervención de comunicaciones privadas a que hacen referencia las noticias desde el 9 enero". A su juicio, "no se puede aplicar un sesgo retrospectivo con lo que se ha aprobado después".

"El 9 de enero cambia naturaleza de lo que hay que investigar. Decidimos ampliar el alcance de la investigación y los recursos dedicados: se suma Uría como asesor legal y decidimos que los trabajos de investigación los realice PwC bajo el mando de Garrigues. Es decir, el área de auditoría interna y cumplimiento normativo no está haciendo ninguna investigación ya."

Asimismo, ha advertido que "estamos hablando de volúmenes de información enormes, terabytes, millones de documentos que vienen de 15 años atrás. Hemos puesto todos los recursos necesarios para ir lo más rápido posible, aunque se trata de un horizonte de meses. PwC tiene pleno poder para mirarlo todo y hablar con cualquiera".

Por último, ha admitido que "a futuro, todo apunta a que el caso se va a judicializar si no lo ha hecho ya. Habrá una investigación obviamente más extensa que puede entrar en ámbitos en los que nosotros no podemos entrar. No podemos investigar la información que no está en nuestro poder".

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