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El Gobierno ha aprobado este viernes un decreto ley en materia energética que introduce cambios en el bono social eléctrico, como su ampliación a familias monopartentales y personas en situación de dependencia. Asimismo, ha dado luz verde a la creación del bono social térmico (calefacción), que correrá a cargo del Estado -no de las compañías- y se abonará en forma de cheque directo a los beneficiarios.

Así lo ha confirmado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fuentes citadas por Europa Press habían resaltado que en el plazo de seis meses desde la promulgación del decreto se aprobará una Estrategia nacional contra la pobreza energética, tras su pertinente debate con los sectores sociales afectados, que establecerá, con carácter "integral y coherente" todas las medidas y actuaciones para reducir y aliviar la pobreza energética.

Tendrán derecho al bono social térmico de forma automática todas las personas con derecho al bono social eléctrico

En tanto de aprueba dicha estrategia, el Gobierno ha decidido adoptar una serie de medidas sobre el bono social eléctrico vigente -el creado en 2017-, como la de ampliar los grupos sociales que tienen un mejor tratamiento en niveles de renta para que les pueda ser aplicado el beneficio. Así, entran como nuevos subsectores las familias monoparentales y personas en situación de dependencia, grados III y II (no las de grado I). La discapacidad se mantiene como estaba, ya era considerada desde el 2017 en esta posición reforzada (igual o superior al 33%). Las familias numerosas se mantienen como hasta ahora, de modo que pueden acogerse todas con independencia de su nivel de renta.

Tal y como ha explicado la ministra Ribera, se ha incluido a las familias monoparentales, con criterios de renta específicos, porque son más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente en el caso de las mujeres. Y es que el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre. El umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.

Asimismo, los límites de consumo de energía con derecho a descuento se amplían un 15% con dos objetivos: compensar los incrementos de precios y acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Además, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento que se liquidaba cada mes, se flexibiliza. Ahora, ha dicho el Ministerio de Transición Ecológica, la energía con derecho a descuento no consumida un mes puede utilizarse en otro momento. Se facilita así la protección de los hogares durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas.

Paralelamente, se ha creado un nuevo bono social térmico, que incluye los combustibles de calefacción (gas natural, gas butano, gasóleo, pellets, etc.), ampliándose así el bono social eléctrico a otras fuentes energéticas. Este bono social térmico correrá a cargo del Estado, no de las compañías eléctricas como el bono social eléctrico, y se abonará a modo de cheque directo que se hará llegar a las familias beneficiarias. La cantidad no está aún fijada y dependerá, entre otros, de la zona climática de España en que esté situada la vivienda, de modo que habrá distintas intensidades de ayuda en función de si la zona climática es más fría o cálida o templada.

¿QUIÉN TIENE DERECHO AL BONO SOCIAL TÉRMICO?

Tendrán derecho al bono social térmico de forma automática todas las personas con derecho al bono social eléctrico. Son, por tanto, acumulables, y la vía para llegar al térmico es ser reconocido como beneficiario del eléctrico. La ayuda del bono social térmico se devengará a partir del 1 de enero de 2019, dado que se aplica en invierno.

En cuanto al calendario, sigue rigiendo la fecha del 8 de octubre como plazo máximo para que las personas y familias beneficiarias del bono social eléctrico en su configuración de 2009 soliciten en su compañía distribuidora de referencia el pasar al regulado en 2017. Se realiza este cambio para que no pierda el derecho quien ya lo tuviera.

El real decreto otorgará un plazo extraordinario de regularización, hasta el 31 de diciembre de este año, para quien beneficiándose del bono social eléctrico no haya solicitado solicitud completa, con aportación de todos los documentos acreditativos para el cambio al nuevo modelo antes del 8 de octubre de este año, como última oportunidad improrrogable.

En cuanto a las nuevas solicitudes de aquellas personas y familias que no tuvieran hasta ahora reconocido el bono social eléctrico, no hay plazo establecido para que puedan pedirlo y darse de alta ante su compañía distribuidora de referencia, de modo que podrán hacerlo en cualquier momento una vez entiendan que cumplen los requisitos sociales y de renta exigidos.

Respecto al bono social térmico, disfrutar de un ahorro en el gasto en calefacción pasa de forma automática por tener reconocido el eléctrico, por lo que la puerta de entrada es siempre solicitar el bono social eléctrico, en sus plazos y siguiendo los procedimientos establecidos. Quienes tuvieran reconocido el bono social eléctrico -modelo 2009 reconfirmado tras solicitarlo antes del 8 de octubre de 2018, y modelo 2017- disfrutarán del térmico de forma automática, sin necesidad de solicitarlo específicamente.

PROHIBICIÓN DE CORTAR EL SUMINISTRO

Por otro lado, el plan de medidas que ha aprobado el Gobierno recoge, además, la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años. Pero no sólo eso, ya que hace extensiva esta medida de prohibir el corte de luz, considerado un suministro esencial, también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III.

Estas opciones no estaban contempladas en la anterior regulación del bono social eléctrico que aprobó hace casi un año el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Además, el Ejecutivo recoge diversas medidas para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos meses en el precio de la electricidad.

Así, teniendo en cuenta que en el último trimestre de 2017 casi el 40% de los hogares tenía una potencia contratada entre los 4kW y los 6 kW, existe un margen para el ajuste y, por tanto, para el ahorro y la eficiencia en el consumo. Por ejemplo, un cambio de potencia de 0,5 kW -de 4,6 a 4,1 kW- podría suponer un ahorro en la factura anual de 26 euros en un hogar tipo, en el que vivan cuatro personas, estima el Ministerio. Además, en cada período de facturación, las comercializadoras deberán incluir en la factura de cada consumidor que tenga contratado el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) el importe al que hubiera ascendido de haberse aplicado una tarifa con discriminación horaria a las que puede acceder.

La normativa fija como prioridad del Ejecutivo la lucha contra la pobreza energética, que afecta a unos 4,6 millones de personas. Así, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Gobierno presentará una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que establecerá objetivos, en el medio y largo plazo, y un marco de acción estable para su erradicación.

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