Hace una semana, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que el Ejecutivo tenía prácticamente listo el nuevo Estatuto de Consumidores Electrointensivos justo después de que su mayor beneficiario, Alcoa, anunciara 534 despidos en Lugo. La realidad es que el Gobierno no tenía ningún plan preparado, puesto que esa norma no contaba con informes de la CNMC ni con el visto bueno de Bruselas.
La expresión electrointensivos es a la que se abrazan aquellas industrias que consumen niveles elevados de energía y que pueden beneficiarse de mecanismos para rebajar su costosa factura de la luz. Una de las que más iba a beneficiarse de esta regulación era Alcoa, que acababa de anunciar un severo recorte de empleo, precisamente, por los elevados costes energéticos a los que tiene que enfrentarse por operar en España. Sin embargo, ese plan del Gobierno no estaba listo. Al contrario, quedaban importantes flecos pendientes.
Montero aseguró tras el Consejo de Ministros de la pasada semana, en respuesta a una pregunta de Bolsamanía, que la nueva regulación de las industrias electrointensivas estaba “muy avanzada”, pero que la epidemia de coronavirus y el estado de alarma truncó sus planes. Según la ministra portavoz, el sector ya conocía las premisas sobre las que estaba trabajando el Ejecutivo y que éste tenía intención de retomar la tramitación “a la mayor brevedad posible”.
Sin embargo, según indican fuentes conocedoras, aún quedaban pasos muy relevantes como para dar esa tramitación por hecha. Por ejemplo, no se contaba con los informes que deben elaborar tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como la Comisión Europea.
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Además, la tramitación de este estatuto de grandes consumidores de luz está siendo un proceso de ida y vuelta. El Gobierno de Pedro Sánchez, durante su primera legislatura, ya trató de sacarlo adelante pero su tramitación se frenó en 2019. De hecho, la CNMC recibió un proyecto en este sentido a finales del año pasado, pero no llegó a elaborar un informe porque el Ministerio de Industria lo retiró. Desde entonces, no ha vuelto a solicitarlo, según estas fuentes.
En ese antecedente, el organismo encargado de velar por las normas de Competencia reclamó, en abril de 2019, que se analizasen en profundidad los mecanismos de apoyo que se proponían para estas compañías para seguir el modelo de otros Estados de la Unión Europea y, así, esquivar que Bruselas pudiera frenar los planes para la industria electrointensiva por considerarlas ayudas de Estado.
Esa es la otra palanca clave de este proceso. Como parte de estas medidas, se contempla que las empresas electrointensivas interrumpan su consumo de luz en momentos de pico de demanda, para evitar que el sistema se bloquee y haya apagones. A cambio, abonan un precio por la energía que consumen más económico. Y esta fórmula de rebajar el coste de la luz es, precisamente, lo que está reclamando Alcoa.
La multinacional estadounidense está abierta a rebajar los 534 despidos que ha anunciado para su factoría de San Cibrao (Lugo), prácticamente la mitad de la plantilla. Y, para ello, aspira a lograr una rebaja de sus costes operativos. De momento, las negociaciones están en una fase inicial y quedan semanas por delante; y el Gobierno recuerda a la compañía que ha recibido sustanciales ayudas públicas.
“Tenemos que reclamarle responsabilidades a una empresa que ha recibido 38 millones a cambio de mantener empleos y nos ofrece ahora este escenario absolutamente insatisfactorio”, recalcó este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una intervención en el Congreso de los Diputados.
