Un anuncio empresarial que ha desatado una tormenta política y laboral. O más bien, otra tormenta. Alcoa anunció este jueves un severo recorte de empleo en España, el segundo golpe a su estructura en poco más de un año. En concreto, la reducción de su plantilla en 534 puestos de trabajo de su planta de San Cibrao, en Lugo, casi la mitad del total. Sin embargo, no es una cifra definitiva, ya que está dispuesta a rebajarla.
La multinacional reconoce que el recorte está motivado por la situación insostenible que atraviesa, debido al elevado coste de la electricidad y a la evolución del precio del aluminio. Pero esa situación de insostenibilidad no es un compartimento estanco y podría reducir el impacto en el empleo durante las negociaciones que se abren a partir de ahora.
El grupo estadounidense se remite, de momento, al comunicado oficial hecho público este jueves, en el que indica que la factoría lucense no es competitiva, lo que ha conllevado un impacto en los resultados que prevé continúe en el futuro.
Noticia relacionada
A VUELTAS CON LA INTERRUMPIBILIDAD
Hay que recordar que Alcoa es una de las industrias consideradas electrointensivas, por el elevado consumo de luz que conlleva su producción. Y que hasta ahora se ha visto beneficiada por la denominada ‘interrumpilidad’. Se trata de una especie de subvención estatal encubierta por la que se ha compensado a estas industrias de alto consumo de luz a cambio de exigirles que reduzcan su consumo, lo interrumpan, en caso de necesidad para no colapsar el sistema.
Esa puede ser una de las opciones sobre la mesa, reforzar esta figura. Sin embargo, la multinacional no se pronuncia al respecto e indica que, de momento, se ha limitado a iniciar el proceso de negociación.
Y se abren semanas por delante. El primer paso, según indica Alcoa, son reuniones de carácter informal con los representantes de los trabajadores, que durarán tres semanas; y, después, en función de éstas, comenzará la negociación formal de despido colectivo. De forma similar a lo anunciado hace unos meses con sus fábricas de Avilés y La Coruña. Y es ahí donde pueden rebajarse las cifras. “No hay ninguna decisión [definitiva] hasta que las negociaciones hayan concluido”, indica.
La planta lucense de Alcoa supone cerca del 30% del PIB de la provincia gallega. Actualmente suma más de 1.000 empleos. Sin embargo, los indirectos derivados a otras industrias de la zona elevan el posible impacto de un cierre total a cerca de 3.000 personas. Por ello, vuelve a surgir el debate de si es posible la nacionalización para buscar alternativas para la factoría. Una intervención que reclama el comité de empresa. De momento, el Gobierno se ha manifestado a través de la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien ha recordado que, el los últimos años, la multinacional ha recibido “muchas ayudas públicas”.
