Digi ha llegado a un acuerdo preliminar para adquirir los activos de los que Orange y MasMóvil tienen que deshacerse si quieren recibir la aprobación de la Comisión Europea para su fusión en España, según ha adelantado 'Bloomberg'. Digi Telecom estaría dispuesta a invertir hasta 2.000 millones de euros en un periodo de siete años.
El acuerdo sobre los conocidos como remedies permitirá a los dos 'telecos' cumplir con las exigencias de Bruselas, que lleva meses analizando la operación e incluso paralizó su decisión sin fecha.
No obstante, el pacto no es vinculante y cualquiera de las tres partes implicadas está en posición de romper el acuerdo. De seguir adelante, la fusión en España de Orange y MasMóvil podría cerrarse a finales de año después de varios meses de negociaciones, convirtiéndose en el primer operador español por cuota de mercado, valorado en 18.600 millones de euros y con más de 31 millones de clientes, por delante de Telefónica.
La adquisición estaría relacionada con el negocio móvil, sobre el que Bruselas alertó por la excesiva concentración. Con todo, Orange y MásMóvil tienen la posibilidad de presentar otras opciones ante la Comisión.
En sentido, puesto que la venta se haría a precios reducidos, otros operadores, especialmente aquellos que se quedarían fuera del 'top 3' tras Telefónica, Vodafone y la 'joint venture' resultante, están especialmente atentos a lo que pueda pasar.
"Cabe señalar que Digi quería entrar en el mercado móvil húngaro, pero el regulador local se lo impidió al no permitirle participar en las subastas de espectro. Digi optó por abandonar el mercado húngaro y vendió su negocio húngaro de banda ancha, a pesar de que había tenido éxito con su estrategia de descuentos", explica Jacques de Greling, analista de Scope Ratings.
Cabe recordar que a finales del pasado mes de junio, Bruselas mostró sus reticencias a la unión entre Orange y MasMóvil, al entender que podría reducir la competencia en el mercado y, en última instancia, conducir a "aumentos significativos de los precios".
Según explicó la Comisión Europea en un comunicado, que resumía algunas de las conclusiones de la investigación en profundidad iniciada en abril, la principal preocupación es la de una reducción del número de operadores, lo que eliminaría "una importante presión competitiva y un rival innovador en los mercados minoristas españoles", de los más competitivos del Viejo Continente.
"Los efectos anticompetitivos previstos son sustanciales incluso después de tener en cuenta los posibles ahorros de costes, en un contexto en el que la competencia ha sido una fuerza impulsora de la inversión y la calidad de los servicios en el mercado español", agregaron desde el Ejecutivo comunitario.
De la resolución tomada por Bruselas depende no solo el futuro de un gigante de más de 18.000 millones de euros de valoración, sino el rumbo que pueda tomar todo el sector en el país.
