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Hace casi tres años, International Airlines Group (IAG) y LATAM Airlines anunciaban un acuerdo para que sus aerolíneas operen de forma conjunta los vuelos entre Europa y Latinoamérica. Su plan, poniendo en el centro de todo el beneficio al cliente, era coordinar la operación de sus rutas para compartir gastos y dividir beneficios. Pero después de superar la revisión de las autoridades de Competencia en Brasil y Colombia, el acuerdo se ha atascado en Chile.

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La tramitación ha llevado más de dos años y medio y la última aprobación pendía de la decisión del regulador en Chile. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) falló a finales de octubre a favor de las aerolíneas, pero lo hizo imponiendo nueve condiciones al acuerdo ya que considera que “los riesgos que se derivan de los acuerdos consultados superan a sus beneficios”.

Las reservas que Competencia mostró sobre el acuerdo entre las aerolíneas han servido de combustible para alimentar los recursos que se han presentado para tratar de anularlo. Además de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), dos organizaciones que han promovido y seguido de cerca todo el estudio del proceso, la Fiscalía Nacional Económica chilena también busca que la Corte Suprema revoque la autorización del acuerdo.

MEDIDAS INSUFICIENTES

El acuerdo joint venture cerrado entre British Airways, Iberia y LATAM (fruto de la fusión de la chilena Lan y la brasileña Tam), líderes en las rutas que unen ambos continentes, supone crear una red combinada que ofrecerá alrededor de 420 destinos, frente a los 120 que operan actualmente.

Este pacto sirve para estrechar los lazos existentes y ampliar sus vigentes acuerdos de código compartido. La clave de una alianza de este tipo está en que otorga a las partes mayor capacidad de negociación y decisión, siempre a la búsqueda de una mejor rentabilidad para ambas partes.

Sin necesidad de realizar un intercambio accionarial, las aerolíneas pueden revisar la oferta comercial de que disponen hacia cada destino y decidir la forma más rentable de operarlo, compartiendo gastos y dividiendo ganancias. Un acuerdo de este tipo es el que estudian desde verano Air France-KLM y la aerolínea de Globalia, Air Europa, con intención también de estrechar sus actuales acuerdos.

La Fiscalía chilena reprocha en su recurso a Competencia que aunque aprecia que los riesgos anticompetitivos “superan con creces las posibles eficiencias”, ha optado por autorizar el acuerdo con unas medidas de mitigación “insuficientes” y difícilmente fiscalizables.

Entre las medidas, el regulador chileno obliga a las aerolíneas, por ejemplo, a mantener la capacidad que se ofrece en las rutas directas entre Santiago de Chile, Miami y Madrid. Además, tendrá que aumentar la capacidad en las rutas a Norteamérica y Europa, no cobrar precios implícitos negativos en rutas indirectas con un tramo entre Santiago, Miami y Madrid, y ofrecer acuerdos de combinación de tarifas a otra aerolíneas que deseen entrar a competir en esas rutas directas, recoge la sentencia.

El temor de la Fiscalía y de las asociaciones es que con este acuerdo ambos grupos de aerolíneas aprovechen su posición para copar las frecuencias o reducir de tal manera los precios que se impida o disuada la entrada de nuevos competidores.

OPERAR EXCLUYENDO CHILE

Desde IAG insisten en los beneficios que un acuerdo de este calado ofrecerá a los pasajeros, aunque declinan referirse al proceso que sigue en el tribunal chileno. “Este acuerdo beneficia a los consumidores al proporcionar una mejor conectividad, más destinos, mayores opciones de vuelos entre Europa y Sudamérica y mejores beneficios a los pasajeros frecuentes. Impulsará el turismo y los viajes de negocios entre Sudamérica y Europa”, afirman fuentes de la compañía a este medio.

LATAM, que ha optado por no apelar las medidas de mitigación impuestas, estudia si poner en marcha el acuerdo con British Airways e Iberia fuera de Chile mientras la Corte se pronuncia. Así lo explicó Roberto Alvo, vicepresidente Comercial del grupo de aerolíneas a los analistas en la última presentación de resultados. La Corte Suprema podría tardar entre seis meses y un año en tomar una decisión, pero no hay claridad en los plazos, indicó Alvo. Ante esto “estamos evaluando la posible implementación del acuerdo con IAG fuera de Chile”. Esto implicaría ‘fusionar’ ya su operación en los vuelos donde opera LATAM (Argentina, Colombia, Perú, Uruguay y Brasil) con los destinos Europeos que ofrece IAG.

Independientemente de lo que decida la Corte Suprema de Chile, la Fiscalía, deja la puerta abierta a que el grupo de aerolíneas revise las condiciones del acuerdo y, si se ajustan a lo exigido, puedan sacar adelante el pacto y realizar su operación conjunta también en este mercado.

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