Avales públicos para facilitar la compra de vivienda a los jóvenes y reactivar el mercado inmobiliario. Esta propuesta que desveló la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, es un 'win-win' para todos. El Estado conseguiría recaudar casi 15.000 millones de euros en dos años y las promotoras incrementarían su facturación con la construcción de 330.000 viviendas, según los datos de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).
Aunque es cierto que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) asumen un riesgo al avalar las hipotecas de los jóvenes, igual que sucede con los préstamos a las empresas afectadas por el Covid-19. No obstante, la patronal estima que las arcas públicas ingresarían, en concreto, 8.900 millones por los impuestos directos y otros 4.000 millones por los indirectos derivados de toda la actividad que se va a generar alrededor de este plan.
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Las promotoras tienen paralizada la comercialización y construcción de nuevas viviendas hasta recuperar gran parte de la demanda que han perdido durante la crisis del coronavirus. Este plan sería el empujón que necesitan para reiniciar cuanto antes la actividad y, de hecho, la patronal calcula que se generarían 800.000 empleos directos e indirectos para levantar todas las promociones de vivienda que se necesitarían para satisfacer la nueva demanda.
El ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, ya expresó su intención de utilizar al sector de la construcción como palanca de la recuperación económica. Por lo tanto, es un proyecto que encaja en la estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, las conversaciones se están produciendo, de momento, entre inmobiliarias y bancos, según explicó esta semana el presidente de APCE, Juan Antonio Gómez-Pintado, durante un foro organizado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos.
Las promotoras reclaman que esta medida debe ser una de las prioridades de a las administraciones públicas para relanzar las operaciones de compraventa, que están ahora mismo prácticamente paralizadas a la espera de que aflore la demanda embalsada cuando se disipe la incertidumbre económica generada por la pandemia.
SE BENEFICIARÍAN UN MILLÓN DE JÓVENES
Se calcula que alrededor de un millón de jóvenes se podrían beneficiar de esta medida. Su principal problema es pagar la parte de la compra que no cubre la hipoteca, ya que no han podido ahorrar lo suficiente debido a la complicada situación en la que ha estado inmersa el mercado laboral en los últimos años. Y con los avales públicos, este problema quedaría más o menos solventado.
Como explicó Ana Botín en una entrevista a el diario 'El País', la intención es conceder hipotecas de hasta el 95% del valor del inmueble, con un aval del 20% por parte del ICO. Desde su perspectiva, estima que supondría la creación de cerca de 500.000 puestos de trabajo, la construcción de 150.000 viviendas y ayudaría "a miles de jóvenes a independizarse".
