José Luis Olivas, al banquillo. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela quiere juzgar al expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, a otros directivos de ambas entidades y a empresarios por ejecutar "una auténtica operativa de desfalco" por inversiones inmobiliarias en México a través del Grupo Grand Coral. En total, Lamela propone juzgar a 48 personas.
Las acusaciones tienen ahora un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de las actuaciones. La jueza ha acordado el sobreseimiento de nueve personas investigadas después de que lo pidiera la Fiscalía.
La magistrada considera que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.
Entre 2005 y 2009, Bancaja y Banco de Valencia participaron en inversiones inmobiliarias en México como parte del Grupo Grand Coral (CGC), del que formaban parte también otros socios externos. Se trataba de inversiones muy diversas y de una “enorme magnitud económica”, según Lamela.
Estas dos entidades, según la jueza, eran "socios financiadores", mientras que el resto eran "promotores-gestores". “Los máximos responsables de Bancaja y Banco de Valencia favorecieron económicamente, de modo sistemático e injustificado, en detrimento de dichas entidades, a los segundos, esto es, Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch”, indica Lamela.
La resolución de la magistrada enumera las operaciones sospechosas, como el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, en el que Ferri, Baldó y Poch obtuvieron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares, que sufragaron las entidades financieras y que se transfirió a sus cuentas en Andorra.
“En todas estas operaciones se comprueba que los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch”, asegura la jueza.
Los ejecutivos de las entidades, según detalla, eran José Luis Olivas, los directores generales de Bancaja Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra. En la concesión de créditos colaboraban los gestores de nivel inferior vinculados a Bancaja y a sus participadas Actura y Bancaja hábitat y los gestores de Banco de Valencia y su participada Bavacu, indica.
14 VIAJES A CUBA COMO PAGO A OLIVAS
Olivas, según Lamela, conoció y alentó las inversiones millonarias de Bancaja y Banco de Valencia, que lastraban a las propias y que, a la vez, “suponían un continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó”, empresarios que, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, le pagaron hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.
Además, la jueza señala que de que acuerdo con el informe de 3 de julio de 2017 de los peritos designados por el Banco de España y nombrados judicialmente se constataron múltiples irregularidades y ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, con un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras Bancaja y Banco de Valencia en el Grupo Grand Coral, valorado en 750 millones de euros.
TAMBIÉN EN ANDORRA
En el curso de la instrucción la jueza ha descubierto la realización de una presunta operativa de blanqueo a través de las cuentas en Andorra controladas por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra, que gestionaban cuentas propias y la cuenta Summerville, receptora de la “injustificable plusvalía” de la operación Zacatón y Piedras Bolas, que, según los indicios, se pudieron repartir Izquierdo y Parra junto con los hoteleros Ferri, Baldo y Poch.
Igualmente, a lo largo de la investigación se ha determinado que los consejos de administración de Bancaja celebrados el 24 de octubre de 2005, el 19 de diciembre de 2006, el 24 de octubre de 2007 y el del 17 de diciembre de 2009 permitieron las operaciones “en claro menoscabo de la entidad”, según señala la magistrada.
