El Congreso de los Diputados debatirá y votará este jueves tanto la conocida Ley de los 'riders' como la prórroga de los ERTE y las ayudas a los autónomos hasta el 30 de septiembre. De esta forma, Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, lleva al pleno los acuerdos alcanzados con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC.OO. y UGT.
Por un lado, el decreto ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales obliga a contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de tres meses. No afecta solo a empresas como Glovo, Uber Eats o Deliveroo, sino que se extiende a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto y sus trabajadores.
PRESUNCIÓN DE LABORALIDAD
La norma reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una APP. Se ajusta así a la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han convertido en trabajadores por cuenta ajena 16.000 repartidores, con un impacto económico que ha cifrado en 29 millones de euros. Tras su publicación en el BOE el pasado 12 de mayo, las plataformas digitales de reparto tienen de plazo hasta el 12 de agosto para contratar a sus trabajadores como asalariados.
LA EMPRESA, OBLIGADA A INFORMAR SOBRE SUS ALGORITMOS
Asimismo, la norma contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.
En concreto, el Estatuto de los Trabajadores recoge que todas las empresas deben informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.
LA FACTURA DE LOS ERTE ALCANZA YA LOS 19.000 MILLONES
El otro decreto ley que llegará al Congreso y que defenderá Díaz es la prórroga del sistema especial de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), hasta el 30 de septiembre. Con él se pretende fomentar la vuelta a la actividad de los trabajadores que aún siguen con su relación laboral suspendida, proteger a aquellos que todavía no pueden salir del ERTE y ayudar a las empresas a sostener sus plantillas mediante rebajas en sus cotizaciones.
Sumando los ERTE y las prestaciones de autónomos, la factura de las medidas extraordinarias para paliar la crisis de la COVID-19 han superado los 19.000 millones de euros, a los que hay que añadir los 2.000 millones de euros que costará esta nueva prórroga de cuatro meses de ambas medidas.
La extensión de los ERTE hasta el 30 de septiembre mantiene básicamente el mismo esquema de protección a empresas y trabajadores vigente hasta el 31 de mayo, aunque con cambios en las bonificaciones de cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social, que ahora irán desde el 60% al 100%, concentrándose las más altas en la reincorporación de trabajadores a la actividad.
Las tres modalidades actuales que continuarán en vigor son: los ERTE destinados a los sectores 'ultraprotegidos' y a las empresas vinculadas a su cadena de valor; los de impedimento de la actividad y los ERTE de limitación. Estos dos últimos pensados para restricciones administrativas temporales adoptadas como medida de freno a los contagios de Covid, como el cierre de comercios o del ocio nocturno.
SE MANTIENE LA CLÁUSULA DE SALVAGUARDA DEL EMPLEO
Asimismo, la prórroga de los ERTE mantendrá el compromiso de mantener el empleo del trabajador, cuyo plazo empezará a contar por otros seis meses, así como la prohibición a las empresas que hagan ERTE de despedir, interrumpir contratos temporales, repartir dividendos y realizar horas extraordinarias y externalizar actividad.
Los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora, como hasta ahora.
PRÓRROGA DE LAS AYUDAS
También incluye la prórroga del Plan Me Cuida, que permite a los trabajadores adaptar la jornada, odas las medidas de protección social para los trabajadores de la cultura, y las medidas de protección especial dirigidas a los trabajadores autónomos.
La prestación extraordinaria por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia está disponible desde el 1 de junio para autónomos que a 31 de mayo vinieran percibiendo dicha prestación y no hayan agotado los periodos de prestación previstos. Así, podrán continuar percibiéndola hasta el 30 de septiembre, siempre que durante el segundo y tercer trimestre de este año cumplan con los requisitos.
El acceso a la prestación exigirá acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 una reducción de más del 50% de los rendimientos registrados en el segundo y tercer trimestre de 2019, así como no haber obtenido nos rendimientos netos superiores a 7.980 euros en 2021. Para el cálculo de la reducción de ingresos, se tendrá en cuenta el periodo en alta en el segundo y tercer trimestre de 2019 y se comparará con el segundo y tercer trimestre de 2021.
