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El conflicto entre el taxi y las empresas de alquiler de coche con conductor (VTC) sigue enquistado y va camino de recrudecerse en los próximos días. El Gobierno se ha visto obligado a intervenir ante las protestas del taxi, y ultima ya un real decreto que podría presentar el 28 de septiembre. Se barajan diversas medidas para acotar el número de licencias VTC, lo que no ha gustado nada a estas empresas, que amenazan con movilizaciones y con llevar al Ministerio de Fomento a los tribunales. Se estima que el coste para las arcas públicas podría rozar los 2.700 millones de euros.

La ley dice que debe mantenerse una proporción de 1 licencia VTC por cada 30 de taxi, pero actualmente esta ratio no se cumple, sobre todo tras la avalancha de licencias VTC que se han otorgado vía juzgados. Los datos del registro del Ministerio de Fomento al cierre del pasado mes de agosto mostraban que actualmente hay 11.200 licencias de empresas como Uber y Cabify en España frente a 65.539 de taxis, cuando el máximo legal debería estar en torno a las 2.184 licencias VTC.

En España hay actualmente 11.200 licencias VTC frente a 65.539 de taxis. El máximo legal debería estar en torno a las 2.184 licencias VTC

Eso ha llevado al departamento que dirige José Luis Ábalos a replantearse una serie de medidas para contentar al taxi, con el objetivo de evitar nuevas protestas, y para 'proteger' su actividad. Todavía no hay nada aprobado, ni han trascendido detalles, pero se estima que el real decreto será muy restrictivo con las VTC y dificultará enormemente la actividad de empresas como Uber y Cabify. Ante esta situación, la patronal de esta empresas, Unauto, ha encargado un informe a la consultora EY para cuantificar el coste de eliminar las 9.016 licencias de más que hay actualmente.

Aunque Ábalos ha negado que se vayan a expropiar estas licencias VTC, lo cierto es que las empresas de alquiler de coche con conductor no descartan que pueda suceder. Por eso el mencionado informe señala que si finalmente se procede a la expropiación costaría a las arcas públicas alrededor de 1.950 millones de euros, ya que el Estado tendría que pagar una indemnización de entre 140.868 y 215.718 euros por cada autorización.

Y no sólo eso, porque el Gobierno también dejaría de ingresar, según la consultora EY, 758,7 millones de euros al año en concepto de impuestos. Las empresas VTC dicen abonar 56,9 millones de euros por Impuesto de Sociedades, otros 143,4 millones por IVA y 558,3 millones más en cotizaciones a la Seguridad Social.

Ese sector suma actualmente 69.241 trabajadores, de los que 32.056 son conductores, otros 1.600 empleados de las distintas plataformas y los 35.575 restantes, empleos indirectos. Por eso la patronal de las VTC, Unauto, ha advertido a Fomento de que recurrirá ante los tribunales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Unión Europea las nuevas medidas que prepara si "restringen sus derechos y la libre competencia". "Entendemos que sólo está escuchando al sector del taxi para tener criterio para regular", se queja Unauto, que critica que Ábalos ceda al "chantaje de los taxistas".

¿HUELGA DE LAS VTC?

El descontento del sector de las VTC es tal que ya están barajando copiar al taxi y hacer una huelga para denunciar el decreto ley del Gobierno. Este martes se filtraba un audio de José Antonio Parrondo, socio mayoritario de dos de las mayores compañías de flotas de coches de alquiler sin conductor que trabajan con Uber y Cabify, en el que llamaba a la movilización y a llevar a cabo la misma táctica que los taxistas, a los que criticaron cuando paralizaron las principales arterias de ciudades como Madrid o Barcelona.

"Si se aprueba el decreto nos encontraremos con otro panorama muy, muy jodido, así que nos tenemos que movilizar y tienen que ver que hay disturbios sociales en la calle y problemas si no cuentan con nosotros y no hay un consenso", decía Parrondo, que reclamaba una "movilización bestial, fuerte", para dejar claro que "no vamos a consentir irnos a la ruina". Según El Español, este jueves las VTC van a solicitar a la Delegación del Gobierno los permisos necesarios para hacer una manifestación en Madrid el próximo miércoles 26 de septiembre.

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