La Comisión Europea ha presentado este miércoles el borrador con su propuesta de reforma de las reglas fiscales que se aplicarán a partir de 2024. El Ejecutivo comunitario contempla reglas más flexibles y asequibles, como una senda de gasto neto a medio plazo que esté sujeta a la deuda específica de cada Estado miembro y que tenga un horizonte de cuatro años, ampliable hasta un máximo de siete. No obstante, mantiene el tope del déficit público en un 3% y prevé un mayor abanico de sanciones, pero con una reducción de importes.
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En la presentación de este nuevo plan, Bruselas ha incidido en que los cambios que ha puesto sobre la mesa en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no supondrán acuerdos bilaterales entre la Comisión Europea y el Estado miembro en cuestión, sino que cada uno de los planes estructurales tendrán que ser respaldados por el Consejo.
La nueva senda de gasto que se ha propuesto, a petición de países como España, que reclaman más flexibilidad, clasificará a los Estados miembro en tres categorías, dependiendo de la deuda pública que acumulen: los países con una deuda "sustancial" deberán alcanzar un ajuste fiscal completo en el horizonte de este plan, es decir, en cuatro años, que se reducirán a tres en el caso de las economías con una deuda "moderada", mientras que aquellos con una deuda "baja" no tendrán la obligación de realizar ajustes.
No obstante, para aquellos países con una gran deuda pública el periodo inicial de cuatro años podría extenderse hasta un máximo de siete si los Gobiernos se comprometen a realizar reformas o inversiones, tal y como figura en el plan. En todo caso, los Estados miembro deben asegurar que la deuda está en una senda de descenso plausible para conseguir esta prerrogativa.
También Bruselas propone, en su nuevo plan fiscal, una cláusula específica de escape para los Estados miembro ante situaciones extraordinarias, tales como pandemias o guerras. Se ha introducido ante el actual contexto derivado de la pandemia de Covid-19 y de la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania.
DÉFICIT EXCESIVO
Aunque no todo cambia en este borrador. Bruselas mantiene algunas de las obligaciones de la actual disciplina económica, como es el caso del denominado Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), que continúa en un máximo del 3%, mientras que el PDE basado en la deuda se reforzará y se activará cuando un Estado miembro con una deuda superior al 60% del PIB se desvíe de la senda de gasto neto acordada.
El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha dicho al respecto que "lo que importa para la sostenibilidad de la deuda es que los Estados miembro reduzcan los elevados niveles de la deuda pública de forma realista, gradual y sostenida", algo que según ha remarcado en rueda de prensa, está condicionado a "alejarse de los requisitos poco realistas impuestos por la regla de reducción de la deuda del 1/20" que imperaba en el anterior plan.
Gentiloni también ha subrayado que la Comisión confía haber alcanzado un "equilibrio creíble" que permitirá a los Estados miembro decidir sus propios planes a medio plazo para que puedan "ganar tiempo y gradualidad" en la reducción de la deuda.
Por su parte, el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, ha aseverado que "las orientaciones de hoy van más allá de las reglas fiscales" pues son el resultado de "un diálogo abierto con los Estados miembro para identificar sus necesidades y retos específicos", lo que permitirá "adaptar las nuevas reglas a cada una de las economías de la UE".
MÁS SANCIONES
En cuanto a las penalizaciones por el incumplimiento de estas reglas, Gentiloni ha incidido en que "se mantiene la posibilidad de sanciones económicas y se hará más creíble reduciendo los importes". El en borrador aparece especificado que se amplía este abanico añadiendo algunas multas que tendrán un mayor efecto reputacional, como la posibilidad de que los ministros de los Estados miembro en el procedimiento de déficit excesivo también puedan presentar en el Parlamento Europeo las medidas para cumplir con las recomendaciones del PDE.
Además, ante el especial riesgo de que haya repercusiones negativas dentro de la unión monetaria, Bruselas contempla la posibilidad de aplicar sanciones financieras a los países de la zona del euro en caso de incumplimiento.
Otra de las propuestas de la Comisión europea en este sentido es la de crear un nuevo instrumento para hacer cumplir los compromisos de reforma e inversión que sustentan una trayectoria de ajuste más gradual. De esta forma, si un Estado miembro no cumple sus compromisos de reforma e inversión, la herramienta facultará a la Unión Europea para que solicite una revisión de la senda de gasto primario neto plurianual para imponer también sanciones financieras.
Estas medidas se complementan con un refuerzo de la prevención a través del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) centrado, según ha señalado Gentiloni, en los nuevos riesgos, lo que permite una detección y evaluación temprana de la gravedad de los desequilibrios emergentes.
