Si en 2020 los bancos se han lanzado abiertamente a aplicar comisiones o a subir las que ya cobraban, en 2021 el escenario pinta similar. BBVA, CaixaBank o Santander son algunas de las entidades que en los últimos meses del año anunciaron sus nuevas políticas que pueden salir bastante caras a determinados clientes, especialmente aquellos que no cumplan con las mayores exigencias y requisitos impuestos.
Varios meses han pasado ya desde aquel fatídico marzo en el que la actividad económica se paró repentinamente. Prestaciones por desempleo, avalancha de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y demás ayudas colapsaron las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), trayendo consigo fallos y retrasos su tramitación y cobro que han afectado a numerosos españoles. Aún hoy, con el nuevo año, la pesadilla sigue para muchos.
Los clientes de CaixaBank y Bankia o Unicaja y Liberbank con una hipoteca pueden desentenderse de las fusiones correspondientes si tienen la deuda saldada. Sin embargo, pueden encontrarse con problemas si no cancelan ya el préstamo ante el Registro para dejar sus viviendas oficialmente libres de cargas. Además, si la gestión la hacen ellos mismos pueden también ahorrarse dinero en el cobro de los honorarios.
Enero de 2021. Esa en la fecha en la que entra en vigor la orden ministerial diseñada para regular la comercialización de las tarjetas revolving. A partir de entonces, las entidades y algunos establecimientos comerciales tendrán la obligación de cumplir una serie de condiciones antes de que sus clientes firmen el contrato. Se trata de un movimiento que viene demandándose desde hace tiempo debido al peligro que puede suponer su contratación para el usuario.
