El empleo público ha pasado en seis años de crisis a representar el 14% del empleo total hasta el 17%. Mientras se ha desplomado el nivel de empleo privado, el número de funcionarios se ha mantenido. Los expertos temen una expansión con el nuevo mapa electoral y una reforma para mejorar la gestión con la figura del estatuto de directivo público.
El papel de los funcionarios y de los empleados públicos en general siempre ha sido motivo de debate en España. El INE ofrece estadísticas de empleo desagregadas entre público y privado desde el año 2002. Entonces, la suma de funcionarios y empleados contratados por el sector público ascendían hasta los 2,56 millones, un 15,6% del total.
La creación de puestos de trabajo en los años de 'bonanza' de la economía española provocó que el peso del empleo público se redujera hasta un mínimo del 14,2% en el segundo trimestre de 2008, rozando los tres millones de funcionarios y trabajadores pagados por las diferentes administraciones.
Durante la crisis se han destruido 3,2 millones de empleos privados y no llegan a 20.000 los empleos públicos que han desaparecido. Este año el empleo público ha aumentado por el efecto electoral
A partir de ahí ha habido dos tendencias diferentes. El sector privado destruyó puestos de trabajo de forma masiva mientras que el empleo público alcanzó un pico de 3,3 millones en el tercer trimestre de 2011 con un 17,9% del total, justo cuando se celebraron las últimas elecciones generales.
El mandato de austeridad exigido por Europa y aceptado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy provocó que las comunidades autónomas y los ayuntamientos pusieran fin a la época de expansión del gasto público. Los recortes de todas las administraciones provocaron una destrucción de empleo público que se unió a los despidos de las empresas privadas.
DOS VELOCIDADES
Sin embargo, el ajuste ha sido muy diferente en uno y otro ámbito. El empleo privado alcanzó un mínimo de 16.950.600 personas en el primer trimestre de 2014, un 18% menos que al terminar 2007. Es decir, en seis años se destruyeron casi uno de cada cinco puestos de trabajo en empresas privadas.
Por el contrario, el nivel mínimo en el empleo público desde que estalló la burbuja se alcanzó en el último trimestre de 2013, con 2.909.400 funcionarios y empleados del sector público. Esto supone un 2% menos que en el cuarto trimestre del año 2007. Si se compara con el máximo alcanzado en 2011, la diferencia es del 12%. Sin embargo, no sería una comparación justa ya que el nivel de empleo público se elevó mediante contrataciones temporales a través del intento infructuoso del Gobierno de Zapatero por expandir el gasto para suavizar la crisis, y por el efecto electoral (en 2011 hubo elecciones autonómicas y municipales primero y generales después).
Es decir, si se compara el periodo entre 2007 y 2014, los años de mayor intensidad de la crisis, se observa que el empleo privado se reduce en un 18% y el público en un 2%. Además, durante 2014, el número de funcionarios y contratados por las administraciones se ha vuelto a elevar, hasta alcanzar los 2,95 millones al terminar el primer trimestre.
“Durante la crisis se han destruido 3,2 millones de puestos de trabajo en el ámbito privado y no llegan a 20.000 los empleos públicos que han desaparecido. Este año el empleo público ha aumentado por el efecto electoral”, explica José Ramón Pin, profesor del IESE. “Lo lógico es que se hubiese destruido más puestos públicos. El Gobierno no ha conseguido encauzar a las comunidades. Pero no hubiese sido aconsejable a efectos sociales”, agrega.
“El sector público ha gastado acaloradamente. Se ha perdido la oportunidad de ajustar el nivel de empleo público, pero se ha evitado un estallido social. Tras las elecciones generales habrá que decidir qué modelo económico queremos”, arguye Valentí Pich, presidente del Consejo de Economistas.
Por su parte, Carlos Rodríguez Braun, profesor de la Universidad Carlos III, se muestra mucho más crítico al considerar que se ha perdido la oportunidad de racionalizar el sector público, teniendo en cuenta que el PP tenía mayoría absoluta. “En la medida en que el tamaño del Estado conspira contra los incentivos al trabajo, el ahorro y el crecimiento, tendrá un coste para la economía en el futuro”.
El sector público ha gastado acaloradamente. Se ha perdido la oportunidad de ajustar el nivel de empleo público, pero se ha evitado un estallido social
EL NUEVO MAPA POLÍTICO
Las elecciones autonómicas y locales dejan un panorama político muy fragmentado. Una vez roto el bipartidismo, los pactos serán el centro de la política. “Cualquier Gobierno quiere volver a ganar, así que no se pueden esperar decisiones difíciles en los dos años últimos de mandato, con lo que los dos primeros serán clave. En la anterior legislatura se perdió la oportunidad entre 2011 y 2012, pero hubo movimientos muy fuertes en contra”, opina Pin.
El profesor del IESE, explica que la ratio de funcionarios por cada 1.000 habitantes no sitúa a España a la cabeza en Europa, pero sí su evolución. “El sector público ha ido creciendo demasiado rápido con las autonomías. Esto ha detraído dinero e iniciativa al sector privado. Es una evolución peligrosa”.
En este sentido, uno de los peligros de que no haya mayorías absolutas, como parece que no ocurrirá en las generales, reside en la contención del gasto público, señala José María Pin. “Se prometen cosas entre partidos para pactar, como puestos de trabajo”.
PRODUCTIVIDAD
Al empleo público se le suele achacar, por sus características, la falta de productividad. ¿Cómo incrementar la productividad entre los funcionarios? “Es importante ofrecer servicios públicos en un estado del bienestar, pero se necesita que sea con alta productividad. Para ello, se necesita otro tipo de formación en los directivos públicos”.
Los directivos públicos tienen que tener una acreditación por una agencia independiente que demuestre que tienen las condiciones adecuadas y deben someterse a contratos temporales
De esta forma, el experto del IESE pone el acento en los mandos más que en los trabajadores, y reclama la figura del estatuto de directivo público. “Tienen que tener una acreditación por una agencia independiente que demuestre que tienen las condiciones adecuadas para ser directivos públicos y deben someterse a contratos temporales. Es un tema que está por hacer en España y que encuentra resistencias en los cuerpos especiales del Estado, que están acostumbrados a ocupar estos cargos de dirección. Pero hay que regularlo para que los directivos sean gente con capacidad de gestión, no sólo de administración”.
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