MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
Los investigadores David Rodríguez y Javier Martínez evalúan los efectos ambientales, sociales, económicos e institucionales de las áreas protegidas en España en el libro 'Sostenibilidad y áreas protegidas en España. Naturaleza, población y economía' (CSIC-Los Libros de la Catarata), según ha informado la institución.
La publicación recoge parte de los resultados de los proyectos de investigación 'Sostpark' y 'Disesglob', liderados por estos investigadores del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC.
Además de la función prioritaria de conservación de la biodiversidad, los autores utilizan diversos indicadores para comprobar si las áreas protegidas promueven beneficios sociales y económicos para las poblaciones locales, así como si todos los municipios y sectores socioeconómicos se benefician por igual.
En España, según refleja el libro, existen 3.823 áreas protegidas que ocupan algo más del 27 por ciento de la superficie terrestre del país. "Las áreas protegidas son porciones de territorio que incluyen gran diversidad de especies, hábitats, elementos geomorfológicos, culturales y usos humanos. Entender las relaciones entre esos múltiples elementos es una tarea compleja pero necesaria", ha explicado Martínez.
En este sentido, Rodríguez ha destacado la importancia de medir "un concepto abstracto como la eficiencia de un área protegida". "Esto lo hacemos a través de variables como la población de especies amenazadas, la artificialización del suelo, el empleo local o la valoración de los residentes", ha precisado.
En el libro también se detallan los efectos de las áreas protegidas en la sostenibilidad ambiental, social y económica según las distintas figuras legales de protección (reserva natural, parque nacional, parque natural, zonas Natura 2000 y reservas marinas).
El último capítulo recoge los factores que reducen la sostenibilidad de las áreas protegidas españolas, establecidos a partir del análisis de datos recogidos entre los años 1987 y 2006. La proximidad a la costa, la baja altitud o la cercanía a ciudades y vías de transporte son algunos de los factores de riesgo.
A modo de conclusión, se pone de manifiesto la necesidad de que exista una mayor coordinación entre la comunidad científica y los responsables de la gestión ambiental. "Esto tiene consecuencias importantes que van desde la ineficiente inversión en ciencia hasta la toma de decisiones sin suficiente base científica y, por tanto, de cuestionable eficacia", señalan los autores.