- Facebook ha esquivado el bloqueo retirando la foto
La Fiscalía ha ordenado a los proveedores de Internet que operan en Turquía el bloqueo de los accesos a Twitter y YouTube. El ministerio público acusa a las dos redes sociales de "difundir propaganda terrorista", ya que en ellas se puede acceder a la imagen del fiscal secuestrado y asesinado por un grupo extremista la semana pasada.
Los proveedores de Internet tienen orden de retirar la polémica fotografía y bloquear "aquellos sitios web en que no fuese posible retirarlas", informa El País. Facebook ha retirado las imágenes o ha bloqueado su acceso desde Turquía, por lo que ha sido excluida de la lista de webs cuyo bloqueo ha pedido la Fiscalía.
"La petición de la Fiscalía, por lo que yo entiendo, es que no se use en ninguna parte esta foto. Esto no tiene nada que ver con restringir las libertades", ha declarado en rueda de prensa Ibrahim Kalin, portavoz del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Kalin ha criticado a los medios que publicaron esa fotografía, a los que acusa de hacer "propaganda de la organización terrorista". "Esto es algo inaceptable, en ninguna parte del mundo se aceptaría esto", ha añadido.
En la imagen vetada, se ve a uno de los secuestradores con el rostro tapado apuntando con un arma a la cabeza del fiscal Mehmet Selim Kiraz. La semana pasada, trece medios de comunicación fueron vetados de la cobertura del funeral del fiscal Kiraz por orden del primer ministro, Ahmet Davutoglu, por haber publicado la imagen del secuestro.
El Gobierno turco ha acusado de traición a los medios de comunicación que difundieron la imagen
Erdogan acusó a estos medios de comunicación de haber cometido "la mayor traición jamás vista". Estos canales de televisión, periódicos y portales digitales son considerados críticos con el Gobierno. Sin embargo, otros cuatro medios afines al Ejecutivo, que también publicaron la foto, no han recibido ningún castigo, aunque posteriormente la borraron.
Desde 2007, Turquía ha cerrado el acceso a YouTube en numerosas ocasiones por orden judicial. El último cierre fue en marzo del año pasado, poco antes de las elecciones locales por la difusión de vídeos sobre la corrupción en el partido gobernante. Al cabo de unas semanas, el Tribunal Constitucional ordenó la reapertura.
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