- La junta de fiscales de sala no se había convocado en 10 años
- Torres-Dulce tiene la última palabra
El Ministerio Público se vanagloriaba de ser uno de los pocos organismos que había escapado del terremoto que sacude las instituciones judiciales de toda España. Sin embargo, la negativa de los fiscales catalanes a querellarse por el 9-N ha obligado a Eduardo Torres-Dulce a tomar una decisión de fuerza: convocar a la junta de fiscales de sala -el generalato de la carrera fiscal.
El Fiscal General del Estado no había tenido que dar un paso semejante en 10 años para dirimir un conflicto de estas características. Pero lo más grave es que el “cisma” surgido en el seno del Ministerio a raíz de los acontecimientos alrededor de la querella contra Artur Mas y algunos miembros de su Gobierno, ponen de manifiesto que la crisis institucional también ha llegado a la Fiscalía, según reconocen testimonios fiscales que recoge El Periódico.
En la junta participan 27 fiscales y en la reunión, que se celebrara el miércoles, los todos expresarán su opinión aunque no votarán, explica el medio. Torres-Dulce tomará después una decisión. Las opciones están abiertas porque el fiscal del Estado tiene la última palabra.
Lea también: El TSJC ya tiene en sus manos 12 denuncias contra Artur Mas por el 9-N
LA ‘REBELDÍA’ DE LOS FISCALES CATALANES
Tal y como fuentes jurídicas contaron a Bolsamania, los acusadores públicos catalanes no ven fundamento jurídico para secundar la orden de Torres-Dulce y acusar de desobediencia, entre otros delitos, al president de la Generalitat y a la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, por poner las urnas en los colegios electorales el pasado 9 de noviembre.
La primera querella de la Fiscalía contenía errores
“Desde Cataluña se considera que la cuestión debe ser tratada desde un punto de vista político y no judicial”, comentan los juristas consultados. No niegan cierto pasmo ante la decisión del Fiscal General del Estado, ya que dejó en manos de sus colegas catalanes el dirimir si se procedía o no contra Mas y su Govern.
Los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se opusieron a la primera querella presentada desde el Ministerio ya que contenía errores en algunas imputaciones y utilizaba un lenguaje “político” para referirse a la Generalitat como “Gobierno sediciente”. Un juicio de valor para las fuentes consultadas nada adecuado.
Lea además:
Problemas entre la Fiscalía General y la de Cataluña por la querella contra Mas
¿Por qué cinco delitos puede la Justicia pedir responsabilidades penales a Mas?